Otra afrenta en vez de desagravio dio Santos a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Comunidades quienes decidieron ausentarse dejando que Carrillo le pidiera perdón a las sillas vacías.

Por Camilo Raigozo. Notimundo


El 21 de febrero de 2005 en una acción conjunta militares y paramilitares masacraron demencialmente a tres niños y cinco adultos de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Para esa fecha el número de asesinatos de habitantes de esa comunidad ya sobrepasaba los 170.

En un intento por desviar las investigaciones y la atención de la opinión pública nacional e internacional, altos mandos militares, los más cercanos círculos del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, en complicidad con los principales medios de comunicación culparon inicialmente a las FARC.

Además de ocultar a los verdaderos perpetradores de la masacre, también utilizaron la estrategia de justificar los crímenes.

“En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí, de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”, señaló perversamente Uribe.

Tanto el presidente Uribe, como el vicepresidente Francisco Santos, sostuvieron con el mayor cinismo posible, respaldados por la dictadura mediática y sin el menor respeto por las víctimas y sus comunidades que  “los mataron porque andaban en algo malo”.

El PJ Javier Giraldo aclaró en rueda de prensa este 29 de mayo que durante dos años el gobierno de Uribe y la Fiscalía sostuvieron que habían sido las FARC las responsables, a pesar que las comunidades y ONGs de derechos humanos, desde un principio señalaron al ejército y a los paramilitares como los autores de la horrenda barbarie.

Fue un grupo de congresistas estadounidenses quienes hicieron una investigación por su cuenta concluyendo que habían sido las fuerzas militares las responsables de la masacre y por eso el gobierno de ese país le suspendió la ayuda económica a la Brigada 17 del Ejército.

Por los señalamientos criminales de Uribe la Corte Constitucional ordenó el año pasado “la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma”.

Dicha retractación que incluía la petición de perdón por parte del gobierno se tenía prevista para este 29 de mayo, pero se frustró por el incumplimiento del presidente Santos, lo que fue tomado por la comunidad como otra afrenta más.

Las comunidades habían aceptado acudir al acto de desagravio ordenado por la Corte Constitucional, con la condición de que fuera el mismo Presidente de la República quién a nombre del Estado se retractara y pidiera perdón a las comunidades por las ofensas proferidas por Uribe y Santos había aceptado esa condición.

Sin embargo a última hora, cuando los 32 delegados de la comunidad ya se encontraban en Bogotá el primer mandatario decidió no acudir personalmente, sino que delegó al ministro del Interior Fernando Carrillo, lo que no fue aceptado por las comunidades quienes decidieron ausentarse dejando que Carrillo le pidiera perdón a las sillas vacías.

“Desde el primer contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad manifestó con absoluta claridad y contundencia que solamente consideraría como retractación proporcional una manifestación explícita del Presidente de la República, ya que había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido el grave delito de calumnia que había provocado tantos centenares de consecuencias fatales con características de crímenes de lesa humanidad en cadena durante 9 años”, explicó la comunidad en un comunicado leído en rueda de prensa.

A renglón seguido advirtió en el documento que “El Ministerio del Interior le comunicó a la Comunidad desde el mes de abril que el presidente Santos había aceptado realizar la presentación de la retractación y se fijó  su cumplimiento para una fecha en abril, la que luego fue objeto de varios aplazamientos ocasionados por los problemas de agenda del Presidente.

“Finalmente la fecha se fijó para hoy 29 de mayo de 2013 y la Comunidad designó a 32 de sus miembros para desplazarse a Bogotá y participar en el acto”.

Mientras el gobierno considera haber cumplido con lo ordenado por la Corte Constitucional, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sostiene lo contrario. El veredicto sobre quién tiene la razón queda en manos nuevamente de la misma Corte Constitucional.

Foto de El Espectador.