El defensor de derechos humanos Héctor Torres denunció que ayer domingo fueron capturadas al menos 15 personas en el municipio de La Uribe, Meta, en un nuevo acto terrorista del régimen contra la población civil.
Entre las personas detenidas en operativos del Ejército, la Policía y la Fiscalía, se encuentran, el alcalde del municipio, Marcelino Chacón, la inspectora rural de Policía, Nohora González y el concejal Edwin Conde Hernández.
Según la información el personal de la administración municipal en cabeza del alcalde Chacón, se había trasladado en horas de la mañana del domingo, a la inspección de La Julia a celebrarles el día a las madres de esa localidad.
A las 10 de la mañana cuando se convocaba a las madres de la localidad para iniciar el evento, miembros del Ejército y la Policía, irrumpieron en la caseta comunal y procedieron a capturar a Nohora González, inspectora de Policía de La Julia y al concejal Edwin Conde Hernández.
Al parecer el montaje judicial contra las 15 nuevas víctimas del terrorismo de Estado se armó en la Fiscalía 38 de Granada, Meta, ente que expidió la orden de captura acusándolas del delito de rebelión.
Acto seguido los agentes represores del régimen patrullaron el pueblo y sacaron de sus viviendas a otros pobladores cuyo número está entre 9 o 10 personas, las cuales fueron trasladadas a eso de las tres de la tarde hasta Granada.
Simultáneamente en el casco urbano de La Uribe, el Ejército detuvo a otros tres pobladores. Cuando el alcalde Chacón terminó la actividad en La Julia se trasladó al corregimiento El Diviso también jurisdicción de La Uribe, donde también encabezó el festejo a las madres.
Cuando el alcalde Chacón arribó al casco urbano de La Uribe fue detenido por miembros del Ejército y la Policía, quienes lo trasladaron en un helicóptero a Granada, acusado del delito de rebelión.
Según la fuente la situación es preocupante para la población de La Uribe, ya que de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía, son más de 50 personas sobre las cuales pesa orden de captura.
Los falsos positivos judiciales han sido una demencial estrategia del régimen contra inermes pobladores en diferentes zonas del país, principalmente en las más afectadas por el conflicto armado.
Consiste en armarles a las personas montajes judiciales basados generalmente en señalamientos de testigos a sueldo, presuntos reinsertados o de la “fábrica nacional de testigos del ejército”, con los cuales son detenidas y encarceladas por largos periodos de tiempo, mientras pueden demostrar su inocencia.
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