Luis Carlos Domínguez Prada. *El mismo día de la Operación Jaque que permitió la liberación de Ingrid Betancur y de los tres contratistas norteamericanos secuestrados por la FARC, se hizo evidente que algo olía mal en ella. Algo no cuadraba, era inconsistente, incoherente desde las primeras versiones oficiales del hecho. Y era tan notorio ésto, que ocurrió algo curioso: explicación no pedida, acusación manifiesta. La primera presentación pública del hecho al más alto nivel gubernamental ante los medios de prensa ávidos de saber cómo se realizó tan espectacular operación, se limitó a insistir una y otra vez por parte del Presidente y el comandante del ejército, que fue una operación limpia, transparente, modelo en el mundo y sobre todo, sin usar insignias ni emblemas de la Cruz Roja Internacional. Es más, el presidente interrogaba sobre el hecho a los recién liberados, y todos como recitando una lección, respondían dándole la razón al presidente. Y el general Montoya comandante del ejército, daba toda clase de seguridades y empeñaba su palabra y su honor, en que jamás se usó insignia alguna de la Cruz Roja en el operativo. ¿Era tanta la conciencia del pecado?
Pues bien, se necesitó que uno de los héroes de la acción “que cambió la historia militar del mundo y que hará que en adelante se hable de antes y después del 2 de Julio”, fuera a la cadena norteamericana CNN a venderle el video hecho por los militares del operativo, y que esta publicara ampliada y mejorada la parte filmada, editada y difundida por ellos sobre la hazaña, para que se hiciera evidente lo negado: a pesar de las cautelas tomadas por el camarógrafo oficial y la cuidadosa edción, aparecía la prueba de la utilización del nombre e insignias del organismo humanitario.
El escándalo era mayúsculo y de alcance mundial. No en balde, la denuncia la hacía la cadena norteamericana CNN de cubrimiento universal. Entonces, otra vez, presidente y alto mando militar, nueva rueda de prensa, ahora explicando que sí. Pero que había sido un error. No querido, ni autorizado. Explicación tan cursi y baladí, que parece simplemente mofa del organismo humanitario y de la opinión pública que la oía. En la operación militar más cuidada, elaborada e importante en toda la historia de la fuerza pública, con la intervención de la inteligencia militar norteamericana e israelí, un militar –éste sí colombiano- sintió miedo cuando vio que en el campamento guerrillero había hombres armados –no lo había podido imaginar-, y entonces, por cuenta de él, contra las instrucciones de sus superiores, se puso un “peto” con las insignias de la Cruz Roja, tal vez comprado en el puesto de ventas que había en el helicóptero que los transportaba.
De ahí en adelante las explicaciones y justificaciones que hemos tenido que oír en los medios oficiales de parte de funcionarios del gobierno, de sus áulicos y de los medios que han hecho cobertura a la patraña, son penosos y muestran el grado de desinstitucionalización como se lleva a cabo la guerra en Colombia. Porque en síntesis, lo que hacen es idéntico a cuando se les enrostra la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la desaparición de quince mil colombianos, el exterminio de la Unión Patriótica o la creación de las bandas paramilitares: “Bueno, es decir, qué les dijera, no es que esté bien, pero tampoco está mal. El Estado tiene que defenderse, y en últimas, lo que prima es el logro del fin buscado, defender la sociedad”.
Por eso, quiero resaltar en este escrito que no hay palabras para encarecer la inusitada gravedad de lo ocurrido. Porque lo que callan los interesados, es que ello constituye y tipifica crimen de guerra en el derecho internacional. En los Convenios de La Haya de 1899, en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y en Protocolo Adicional II de 1977 que es legislación interna de Colombia desde el mes de Febrero de 1996. Y no en balde, ni por nada se llama así. Y un crimen específico de guerra, es la Perfidia, cuyo sólo nombre asusta. Como serán de graves estos crímenes y en particular la Perfidia, que están en la órbita de competencia de la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma precisamente para luchar contra la impunidad con que en el mundo de cometen estos delitos.
¿Y cómo define la legislación y la doctrina internacional la Perfidia?
Exactamente como la describe el comandante del ejército de Colombia, el general Montoya, cuando celebra y se felicita por lo que hizo su ejército: “los engañamos, cayeron como bobos, nos disfrazamos y les hicimos creer que era una misión humanitaria”. Con razón a nuestros campesinos en las zonas de operaciones militares les va tan mal, si esa es la conciencia que el máximo jefe del ejército tiene del derecho humanitario.
Porque Perfidia son aquellos actos mediante los cuales una parte combatiente apela a la buena fe del adversario con el fin de traicionarlo. Se comete Perfidia cuando para atacar se finge tener derecho a recibir la protección humanitaria, o estar obligado a concederla, de conformidad con las normas aplicables a los conflictos armados. Esto sólo, ya tipifica el delito, y es lo confesado por el comandante militar. Pero, si de lo que se trata no es solamente de disfrazarse de misión humanitaria para asaltar la buena fe y el sentido de lealtad del enemigo, sino de utilizar los símbolos de la Cruz Roja, se está en la máxima expresión de la Perfidia. Es decir, de una de las especies de un Crimen de Guerra.
¿Y el Código Penal Colombiano –hecho por el Estado vale la pena aclararlo-qué dice sobre esa conducta? No sólo tipifica la Perfidia como delito contra las personas y bienes protegidos por el D.I.H. mostrando que el asunto no es apenas de retórica internacional o mero discurso humanitario, sino que lo describe en su artículo 143 exactamente como la conducta desarrollada por los militares colombianos en la llamada Operación Jaque.
Por ello, lo ocurrido en esa operación no fue un error, una inadvertencia o un formalismo inane que se violó. La operación militar basada en disfrazarse de misión humanitaria para engañar al enemigo –dando por hecho que el sentido de lealtad y el honor de éste lo llevará a respetar la “misión”-, no iba a portar insignias de la cruz Roja “por descuido”, por “desobediencia” de uno de los participantes, que “por cuenta de él” se hizo a unas insignias cuando sintió miedo al ver tanto hombre “armado”. ¿Miedo de qué? ¿Acaso no iban como misión humanitaria previamente discutida y acordada con el enemigo que engañado los recibía como tal?
Y dice el Presidente que el oficial responsable será protegido y no será juzgado. ¿Desde cuándo el juzgamiento de los delitos –sobre todo de uno de tanta entidad- está al arbitrio del Presidente? Esto no puede ocurrir en un estado de derecho. Sólo en las dictaduras se protege y se absuelve a priori a los violadores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario impidiéndose que actúe la Justicia. ¿No es la separación, la independencia y autonomía de los poderes temas de lo que tanto hace alarde el Presidente?
La verdad es que la explicación justificación del gobierno no hace sino reafirmar el talante del Presidente en la materia: amigo del terrorismo de Estado desde cuando como gobernador creó, auspició y encubrió las bandas paramilitares que pacificaron el Urabá antioqueño. Miles de tumbas campesinas son prueba de esa pacificación. Y hoy, el secuestro de un guerrillero en territorio venezolano previa corrupción de oficiales de este país, el bombardeo al territorio ecuatoriano justificado en aras de eliminar un campamento guerrillero allí provisionalmente en conversaciones de paz con emisarios europeos y la eliminación a machete de los líderes de la comunidad de paz de San José de Apartadó incluidos sus niños, actos todos respaldados por el gobernante, hablan con suficiencia de que la legalidad nacional y la internacional, son estorbos desechables en la implementación de esa impostura denominada “seguridad democrática”.
*Abogado Magíster en Análisis Político e Internacional y Defensor de Derechos Humanos.
