martes, 30 de diciembre de 2008

S.O.S. por campesinos de Tame (Arauca)


Agencia Prensa Rural / Lunes 29 de diciembre de 2008

Por su importancia, difundimos esta acción urgente recibida en nuestra redacción.

El día lunes 22 de diciembre del año en curso, tropas de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército Nacional llegaron a la vereda Lejanías del municipio de Tame, amedrentando a los campesinos. Según información de habitantes de esta localidad, los militares portaban insignias alusivas al ELN y preguntaban por algunos residentes de la región.

Se responsabiliza a la Brigada Móvil No. 5 por cualquier hecho violento que se presente en esta región y pedimos a las autoridades que inicien una investigación sobre estos hechos y a la comunidad internacional estar atenta.

La continua violación al derecho internacional humanitario, que cometen los actores armados, pone en inminente riesgo a la población civil, obligándola a salir de su tierra para sumarse a la larga lista de población desplazada por la violencia. Al Estado, en su afán de dar resultados a la mal llamada “seguridad democrática”, no le importa seguir cobrando víctimas inocentes.
Exigimos excluir a la población civil del conflicto.

Comunidades del municipio de Tame

PROSIGUE EL GENOCIDIO CONTRA PRISIONEROS POLITICOS EN EL PERU


"Prisioneros de guerra y presos políticos de la LTC-CG."

Prosigue el genocidio contra los Presos Politicos. ¡Cierre definitivo del Penal Militar de la Base Naval del Callao! ¡Presos políticos libertad! ¡No a la persecución!

RECHAZAMOS LA SENTENCIA Y SU EJECUTORIA DEL MEGRAPROCESO AL DOCTOR ABIMAEL GUZMÁN Y OTROS!

SENTENCIA POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO.


Los prisioneros de guerra y presos políticos recluidos en el penal Miguel Castro Castro, pabellones 2A y 2B , comprendidos en los hechos de la guerra popular que dirigió el Partido Comunista del Perú, rechazamos la Sentencia de la Sala antiterrorista y su Ejecutoria Suprema del Megaproceso al doctor Abimael Guzmán Reinoso y otros, desenmascaramos y combatimos su esencia y objetivo: sentencia política del Estado peruano como arma de guerra contrarrevolucionaria que persigue escarmentar y sepultar vivos a los revolucionarios en prisión.

Derivado de la legislación antiterrorista con leyes y tribunales de excepción inconstitucionales, violatorias de los principios del Derecho y justicia comunes, las condenas impuestas en el Megaproceso muestran abiertamente la discriminación de derechos y aplicación del Derecho penal del enemigo sólo por ser políticos revolucionarios: 1) centran en lo prospectivo, es decir, en lo que el inculpado podría hacer en el futuro y no en el hecho imputado, 2) aplican penas draconianas hasta la cadena perpetua, 3) reducen y niegan derechos procesales y beneficios yendo, en síntesis, contra la dignidad de la persona y la igualdad ante la ley.

Rechazamos los juicios por terrorismo, principalmente el llamado Megaproceso ha sido un juicio político al PCP, a su jefatura y dirigentes, a la ideología que lo sustenta, a la guerra popular y a las masas que combatieron en servicio de la clase y el pueblo. Y no hubo un juicio justo. Nuestra posición ha sido y es cuestionar la legislación antiterrorista, su columna vertebral el Decreto Ley 25475, por violar el principio de legalidad, ser un dispositivo abierto de amplia interpretación, y especialmente en lo referente al bien jurídico protegido, problema en el que no hay precisión ni univocidad del delito de terrorismo en la legislación peruana.

martes, 23 de diciembre de 2008

CRÓNICA DESDE LA CARCEL MODELO BOGOTA-COLOMBIA





Les escribo desde el lugar más lejano y olvidado del mundo, las injusticias, Cárcel Nacional Modelo, Colombia.

Mi nombre es Ernesto Sánchez Castillo, soy escritor, poeta, estoy secuestrado desde hace un año y dos meses, digo secuestrado, por que soy inocente de lo que me acusan; son miles y miles de presos inocentes que estamos condenados a morir lentamente, con el arma letal de las injusticias, el abandono y el hacinamiento.

En Colombia si existe la pena de muerte sin juicio, es una pena de muerte solapada; en las celdas que son para 2 presos, duermen 8 y hasta 10 presos, en pasillos casi a la intemperie donde entra la lluvia y un frío enfermizo de muerte, duermen amontonados como gusanos de cosecha 60 ,70 y hasta 80 internos con enfermedades infecto-contagiosas, como el VIH- SIDA, el cáncer, la tuberculosis, la neumonía y la sífilis y las múltiples enfermedades que produce el mismo hacinamiento que lleva a la locura, los suicidios y a la aterradora violencia, donde la sangre salpica a cientos de familias colombianas.

El verdadero motivo para condenarme, es por que estoy denunciando ante el mundo y aquí mismo en Colombia, que la justicia colombiana es ilegal, por que está llevando en forma solapada un aniquilamiento sistemático contra la población civil indefensa, que con unas leyes asesinas donde al acusado no se le permite el derecho a la defensa, donde las audiencias son salas de tortura psicológica, que bajo un estado permanente de opresión y chantaje jurídico lo someten y obligan al sindicado a aceptar cargos, siendo inocente y si no acepta los cargos se le dobla la condena, siendo ésta la pena de muerte en el hacinamiento de las cárceles.

Es un deber de todos los colombianos unirnos pacíficamente, para abolir la corrupción de la justicia colombiana y denunciarla ante los países democráticos, ante las naciones unidas, ante los tribunales internacionales de la Haya, ante la corte penal internacional, que los métodos utilizados son copia de la época de la inquisición y hoy las torturas tanto en lo físico como en lo psicológico son más refinadas en la crueldad y en las arbitrariedades, opresión, degradación y lo inhumano, estos procedimientos conducen inexorablemente a la muerte.

Mi caso es un fiel reflejo de lo que estoy exponiendo en un año y dos meses, me quieren condenar sin pruebas, con el prevaricato, las audiencias amañadas, sin testigos y mucho menos sin medios de comunicación, con el abuso de autoridad y las arbitrariedades de una asesina jueza que se llama Mireya González Preciado, jueza 7 penal con funciones de conocimiento, con el prevaricato ha intentado asesinarme, por sus arbitrariedades ya sufrí un preinfarto del corazón y por lo prolongado de éste secuestro, por la pésima alimentación, adquirí la grave y mortal enfermedad de la diabetes; todo esto es una flagrante violación a los derechos humanos.

Así como han desaparecido más de mil jóvenes con los “falsos positivos” , así por cuenta de ésta corrupta justicia colombiana, mueren y nos estamos muriendo miles de presos inocentes en esos campos de concentración nazis, como son las cárceles colombianas.


Unidos venceremos el miedo y triunfaremos sobre toda corrupción.

Un país está muerto cuando se arrodilla ante los verdugos y no ante Dios.

En Colombia nadie puede correr más allá que con su propio grito de horror.

La esperanza es un puente que cubre toda distancia

Les pido el favor qué este documento lo puedan divulgar a los organismos internacionales, Amnistía internacional, al parlamento europeo y a muchas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.

Feliz Navidad y un abrazo de feliz año.

ERNESTO SÁNCHEZ CASTILLO
CARCEL MODELO – BOGOTA-COLOMBIA
PATIO TERCERA EDAD T.D. 342797






SALUDO ESPECIAL A TODOS Y TODAS

myspace layouts images

Esta navidades y nuevo año de 2009, este lleno de deseos y esperanzas nuevas que posibiliten la felicidad tuya y la de tu seres queridos.

Con las luchas de los pueblos, el 2009 contribuya de manera firme y desidada derrotar las desesperanzas que el gobierno de Uribe brinda a nuestra querida patria; que sea un año de luchas por la paz democrática, la salida al conflicto social y armado y por salvar la crisis humanitaria que a todos nos afecta.




myspace layouts

jueves, 18 de diciembre de 2008

"SE REPRODUCE EL PARAMILITARISMO EN EL TOLIMA": Defensor Regional del Pueblo


Por Nelson Lombana Silva

Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, se declara impotente ante tanta violación de los derechos humanos en su jurisdicción por parte del mismo Estado. "Es un tema complejo", afirma. Sus argumentos son claros, porque no solo se violan en el conflicto que genera desplazamiento, desapariciones forzadas, sino también se violan derechos económicos, sociales y culturales.

Destaca el alto índice de desempleo, los miles de niños tolimenses que no tienen los recursos económicos para estudiar y cuando pueden asistir, la calidad de la educación es pésima. Lo mismo sucede con la salud y el medio ambiente. A eso hay que sumarle las precarias vías de los campesinos para sacar sus productos. También advierte el defensor, la violencia intrafamiliar, el derecho al espacio público y el deterioro de la malla vial de la ciudad de Ibagué. "Parece una ciudad recién bombardeada", señala.

Advierte Santiago Ramírez sobre el suculento negocio de algunos constructores ladrones de vivienda de interés social, aprovechando el subsidio del Estado. Dice igualmente que se ha visto precisado a instaurar acción de cumplimiento contra invías nacional, la gobernación y el municipio, de una avenida que hace cinco años se adjudicó el dinero pero no se ha terminado, la dejaron los contratistas "mocha".


Mientras el gobierno nacional hace gárgaras afirmando que el paramilitarismo es cosa del pasado y el gobernador Oscar Barreto Quiroga, conservador y de paso uribista "pura sangre", repite maquinalmente, el defensor regional del pueblo, expresa: "Vemos con mucha preocupación que esa etapa que creíamos superada, se empieza a reproducir otra vez, que es el tema del paramilitarismo, de águilas negras y de nueva generaciones, en el norte del Tolima y que nosotros ni siquiera entendemos bien qué es lo que está pasando, pero allí está y están porque están afectando los derechos de la población civil, están porque tiene que la población civil desplazarse, están porque a diario tenemos referencia de secuestros y homicidios; están porque hemos visto panfletos donde amenazan con reclutar forzadamente a los niños".

Pero el gobierno nacional dice que eso es cosa del pasado, lo repite el gobernador, la policía y los mismos militaristas. ¿Qué está pasando, entonces? "Es un problema conceptual. Porque el paramilitarismo que creemos recientemente haber superado, por lo menos en el Tolima, correspondía a unas estructuras de poder del orden nacional, muy poderosas, llamadas AUC, que tenían un mando nacional. Ahora se comienza a presentar unos grupúsculos que tienen una cantidad de nombres extraños como por ejemplo, águilas negras, nueva generación, etc. Son reductos de las organizaciones anteriores, pero que no tienen una estructura a nivel nacional, son estructuras que están al servicio de delincuentes ricos, que casi siempre son narcotraficantes. Esas estructuras son las que vienen ejerciendo violencia sobre todo en zonas donde hay cultivos de uso ilícito. Hemos visto cómo han ido apareciendo en el norte del Tolima, pero también hemos tenido referencia muy clara y contundente de que buena parte media y alta de la cordillera, en la parte norte, está sembrada de amapola y más debajo de coca. Hemos tenido esos referentes y eso hace que aparezcan esos grupos, porque esos grupos les ofertan protección a esos delincuentes. Están en Mariquita, Honda, Ambalema, El Líbano, Villahermosa y otras regiones del departamento", dice y agrega: "En Villahermosa nos generaron un impacto muy fuerte el año pasado, cuando dijeron en un panfleto: Nosotros con sus hijos derrotaremos la subversión. Eso hizo que los campesinos salieran corriendo con sus hijos. Esas "vahándolas" se van fortaleciendo económicamente y con el tiempo serán insuperables como nos pasó con las AUC, que el mismo Estado solía decir que no podía con ellas".

El Tolima, doctor Santiago, se encuentra súper militarizado. Se dijo en su momento que en este departamento estaba el secretariado de las Farc. Uno se pregunta, con semejante despliegue militar, que ciertamente embriaga, emborracha, esas supuestas bandas desarticuladas se mueven sin ningún contratiempo, podría uno intuir que el binomio militar – paramilitar sigue imperando. Incluso se sabe que en el municipio de San Luis hay escuela de entrenamiento. ¿Cuál es su opinión?

"No, en San Luis había un reducto de una serie de bandidos, delincuentes comunes, que eran reductos de una organización paramilitar, que su jefe se desmovilizó y que algunos quedaron. Grupo que ha tenido algunos jefes, jefes que han venido cayendo uno a uno y están siendo procesados judicialmente. Algunos se acogieron a la ley de justicia y paz y otros vienen siendo juzgados como delincuentes comunes. Sigue existiendo un grupito que extorsiona, que aprieta y que genera violencia. La policía ha detenido en los últimos dos meses algunos y sabemos que aún quedan cinco por capturar, plenamente identificados por cierto, y que se vienen de ese grupo fuerte que se desplazaba por Saldaña, el Guamo, pasaban a Lérida. La verdad es que sí existen bandidos armados que ejercen violencia contra la comunidad y que están al servicio del narcotráfico".


El comentario generalizado en el departamento, es que los militares sacan a los campesinos de sus casas, los asesinan, les colocan prendas militares, un arma vetusta, una granada y luego el parte, es que cayó en crudo combate. Las denuncias vienen de Planadas, Dolores, Ataco, Chaparral, Natagaima, Coyaima, Prado, Anzoátegui, etc. Pero hay algo más, esos campesinos temen denunciar ante la defensoría regional porque dicen que usted inmediatamente les da trámite a los militares, o sea, supuestamente a los victimarios. ¿Qué opina usted al respecto? "Hay que explicarle a la persona para que no se preocupe por eso. Claro que tengo que informarle a la fuerza pública y al más alto nivel. Cuando un campesino presenta una denuncia, yo la presente ante el inspector general del ejército y solicito que se abra una investigación inmediatamente, de la procuraduría, de la fiscalía, de todos los organismos de control, del comandante del batallón para que se de cuenta en qué andan sus hombres, y sea él primero el que abra la investigación. Eso hay que hacerlo, pero hasta el momento no tengo un solo caso que me diga que a raíz de la denuncia en la defensoría, he sido víctima. Y si se llegara a presentar yo me comprometo que quien trate de retaliar por una denuncia, responda ante el estrado de las autoridades competentes, porque no solo denunciaré sino que me constituiré en parte civil para garantizar que las investigaciones avancen".



En cuanto al medio ambiente, Santiago Ramírez, señala que el Tolima es un de los departamentos más ricos en recursos naturales. Sin embargo, vienen desapareciendo paulatinamente, porque no hay autoridades comprometidas de regular idealmente la relación del hombre con la naturaleza. Su destrucción es frecuente e inevitable, advierte. Sobre el tema de los crímenes de Estado o los "falsos positivos", que los tolimenses denunciaron recientemente en un número de cien, el defensor del pueblo expresó: "Yo no puedo desconocer de ninguna manera la denuncia que hacen los campesinos, pero tampoco puedo alegremente los informes de la fuerza pública. En esos casos quien debe decir la verdad en últimas es la fiscalía general de la nación, que es la que tiene los medios técnicos y científicos para investigar y establecer cuál es la realidad".



El presidente Uribe dice que en Colombia no hay conflicto armado, Santiago Ramírez dice que no está para conceptuar sobre las decisiones de sus superiores, pero tiene una certeza inexorable que hacia los cuatro puntos cardinales del departamento se está violando los derechos de los campesinos en un conflicto que lleva más de 40 años. "Las definiciones que haga el Estado a nivel superior, no son de mi competencia su discusión, ni analizarla, ni colocarlas en entredicho, lo que creo es que en materia de derechos humanos en el departamento, tenemos una cantidad situaciones donde especialmente las víctimas es la población civil, los no combatientes".




Ibagué, diciembre 18 de 2008

miércoles, 17 de diciembre de 2008

AMENAZADO GOBERNADOR INDÍGENA DEL TOLIMA


Por Nelson Lombana Silva

El gobernador indígena del cabildo Rionenegro Hermosas de Chaparral, Tolima, José Federmán Pedraza, fue amenazado de muerte al parecer por paramilitares, (¿O militares?) mediante panfleto que le fue dejado por debajo del marco de su casa ubicada en este cabildo. Dicho panfleto fechado 18 de noviembre de 2008, dice textualmente: "Señor José F. Pedraza, le informamos que no hay mas orden para que usted este en el territorio de Chaparral, ni en ningún pueblo ni ciudad del Tolima. Tiene plazo hasta el 22 del mes en curso hasta la 0 horas y de paso me saluda a Bladimir. Att. Bloque Tolima A.U.C.".


El gobernador indígena, padre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, y habitante de la región hace más de 28 años, con amplio reconocimiento entre los habitantes de la zona, señala que el 11 de septiembre aproximadamente, fue detenido en el retén la Balastrera, Chaparral, por el sargento Camilo Andrés Jiménez, quien apartándolo violentamente de los demás campesinos que se desplazaban en el campero con él, lo insultó y utilizando palabras de grueso calibre le insinuó que dejara de ser guerrillero: "Sálgase de esa mierda, deje de buscar tanta hijueputa guerra". La respuesta del gobernador indígena, comunista y ex militante de la Unión Patriótica, fue clara y sin rodeos: "Si yo fuera guerrillero no estaría acá".


El caso fue denunciado ante la personería de Chaparral y la funcionaria citó al mayor, pero éste no se hizo presente, asistieron un capitán, un teniente y el sargento Camilo Andrés Jiménez, quienes olímpicamente le restaron importancia al suceso. "Es una simple mala interpretación", anotaron.


Un campesino de la zona, cuyo nombre se mantuvo en reserva, le comentó al gobernador indígena, José Federmán Pedraza, que tuviera mucho cuidado con el citado sargento Jiménez por cuanto tenía conocimiento que este militar mantiene en la base de Babilonia y comanda un grupo de sicarios a sueldo denominados paramilitares.


En el asedio militar contra su comunidad indígena compuesta por 80 familias y 200 personas, entre las que se cuenta el cabildante Vladimir Méndez Méndez, 28 años de edad aproximadamente, padre de cuatro hijos, reconocido agricultor, cuenta con una pequeña parcela, también viene siendo objeto de acoso por los militares al parecer inscritos al Batallón Caicedo con sede en Chaparral y es igualmente declarado objeto militar por las supuestas A.U.C.


Al decir de los campesinos de la zona, el binomio de la muerte militar – paramilitar se presenta en la parte sur del Tolima, y concretamente en el cañón de las hermosas, municipio de Chaparral.
Sin embargo, el decir de los militares y las autoridades civiles (léase gobernador uribista Oscar Barreto Quiroga) es que este departamento está libre de paramilitares.

Ibagué, diciembre 17 de 2008

lunes, 15 de diciembre de 2008

Asesinado en Caquetá defensor de derechos humanos


Por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

La víctima en esta ocasión fue Joel Pérez Cárdenas, identificado con c.c 17.648.312 de Florencia caquetá, de 36 años de edad. Fue uno de los fundadores y primeros directivos del proceso organizativo de derechos humanos que hoy se conoce como Corporación por la Defensa de Derechos Humanos Caguán Vive.

Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Vegas Bajo Pato, vicepresidente de la Asociación Ambiental del Bajo Pato, ex-consejal de San Vicente del Caguan, miembro del Polo Democrático Alternativo y del Comité Municipal de Ganaderos de éste municipio.


También era directivo de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y de profesión Administrador Financiero. Hijo de Simeón Pérez, dirigente politico de izquierda y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica.

Joel salió, en su motocicleta de su casa ubicada en el Barrio 20 de Julio de San Vicente del Caguán a las 8 de la mañana el día 8 de diciembre del presente rumbo al municipio vecino de Puerto Rico Caquetá que dista unos 45 minutos.

Avisó a su familia que regresaría ese mismo día pero no regresó. Su cadáver fue encontrado a 20 minutos del casco urbano el miércoles 10 de diciembre totalmente incinerado, decapitado y con un orificio en el cráneo.

Su motocicleta aun permanece desaparecida. Según testigos de la zona, el cuerpo sin vida fue visto en la mañana del martes aún humeante a orillas de la vía principal, lo que indica que su asesinato fue cometido, posiblemente, en la madrugada del martes.

Cabe anotar que según testimonios de los moradores de ese sector, el Grupo Meteoro del Ejército Nacional había llegado a ese sector el lunes 8 de diciembre. Cuando se fue a realizar la inspección con los agentes de la Sijin, aún se encontraban en la zona.

Los moradores aseguran que informaron al ejército de la existencia del cadáver pero que estos no hicieron diligencia alguna para su levantamiento. Según el proceso de recolección de testimonios, todo apunta a que se podría tratar de un crimen de Estado.



Joel era hermano de Domingo Emilio Pérez, actual presidente de la Corporación Caguán Vive, quien fue candidato a la alcaldía de San Vicente del Caguán por el Polo Democrático Alternativo en el 2007.

Colombia rebelión de los limites


Colombie-Rébellion des limites11
Cargado por

jueves, 11 de diciembre de 2008

El violín

Condenado el Estado Colombiano por la muerte del senador e integrante de partido comunista

Gobierno dice que el Estado sí tuvo culpa en la muerte del senador comunista Manuel Cepeda


Manuel Cepeda, el 9 de agosto de 1994, lo asesinó un grupo de sicarios.


EL AÑO DE LA VERDAD En un hecho histórico, se reconoce que el Estado tuvo implicaciones en el homicidio de uno de los líderes del partido de izquierda Unión Patriótica.


El Estado colombiano se puso al día con parte de la deuda histórica que tenía con la izquierda del país. Reconoció su responsabilidad por acción y omisión en la muerte del senador Manuel Cepeda, del partido Unión Patriótica (UP) en 1994. Este lunes y martes se realizó un proceso al respecto en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington. Allí estuvo representando al gobierno de Colombia a través de la viceministra del Interior, María Isabel Nieto; la embajadora Carolina Barco y el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina.


En esa serie de reuniones, el Estado colombiano admitió que en el caso de Cepeda hubo acción, pues años más tarde, se confirmó la participación de dos militares en aquella muerte.


El 16 de enero de 2000, la justicia condenó a 43 años de prisión a los suboficiales del Ejército Justo Gilberto Zúñiga y Hernando Medina, como coautores del crimen. En la sentencia que culpa a estos dos soldados, también aparece el nombre de Carlos Castaño como autor intelectual del asesinato. Éste último se atribuyó el crimen en su libro ‘Mi confesión’.


Además de estas implicaciones en el homicidio, el Estado es culpable por omisión, pues este senador comunista había denunciado amenazas contra su vida y nunca recibió ningún tipo de apoyo gubernamental para su seguridad. Siga..

miércoles, 10 de diciembre de 2008

COLOMBIA: Centrales obreras continúan protestas


Redacción: http://WWW.PACOCOL.ORG

Representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT aseguraron este miércoles 10 de Diciembre en Bogotá que continuarán los mítines y las protestas en respaldo al pliego de peticiones de las centrales obreras CUT,CGT y CTC y la Confederación de pensionados hasta tanto se logren mejoras sustanciales en aspectos salariales y demás reivindicaciones para el sector de los trabajadores.

Según explicó Tarsicio Rivera, Director del Departamento de Educación de la CUT, al intervenir en el mitin realizado en la Carrera séptima con Calle 26 en horas de la mañana, preparan más denuncias sobre el exterminio de los luchadores sindicales en Colombia y plantearán a las organizaciones sindicales y del conjunto del movimiento popular que el año 2009 sea un año de muchas movilizaciones y de pelea contra el régimen neoliberal del capitalismo salvaje imperante en Colombia.

Tarsicio Rivera, anunció que para el día jueves 11 de Diciembre tienen previsto un mitin frente a las instalaciones del Ministerio de Protección, a partir de las 9 de la mañana para apoyar las exigencias presentadas por las centrales sindicales al ejecutivo nacional.

Las direcciones ejecutivas de la CUT, CTC, CGT y la Confederación de pensionados de Colombia CPC presentaron recientemente un documento al presidente Álvaro Uribe Vélez en el que afirman entre otros apsectos los siguientes:

“Que su gobierno optó por una política laboral centrada en desmontar los derechos laborales y en descalificar y desconocer las organizaciones sindicales como legítimos representantes de las y los trabajadores; eliminó el Ministerio del Trabajo; impulso e hizo aprobar leyes regresivas en materia laboral, pensional y social; y privilegio como ningún otro el capital y la actividad de las empresas, política ésta que se refleja en las grandes ganancias que han obtenido las empresas durante este gobierno. Mientras a los trabajadores les ha ido muy mal. Sus deterioradas condiciones de vida y sus protestas de hoy, así lo dejan ver. A estas políticas se suma el asesinato de 474 sindicalistas en los últimos seis años, y la persistencia de la impunidad (97%) de los más de 2.684 asesinatos cometidos contra sindicalistas en últimos 23 años, sumado a esto el tratamiento dado por su Gobierno a los conflictos sociales y su actitud en contra de las justas luchas de los indígenas y demás sectores sociales. La CUT, la CTC y la Confederación de Pensionados, hemos plateado algunos temas urgentes para ser abordados con el gobierno nacional entre los que se destacan la discusión de la política económica y la protección de los trabajadores ante la crisis que se avecina, el incremento real de los salarios y la generación de equidad salarial en todos los sectores, el cumplimiento de los derechos mínimos laborales y sociales, y un tratamiento dialogado y democrático a los conflictos, sin embargo, no ha sido posible concretar una agenda y un procedimiento para abordar estos temas”.

De otro lado, - sigue en el documento- la CUT, la CTC y la CPC, hemos planteado también la necesidad de un funcionamiento regular de la Comisión Permanente de Concertación con una agenda de 16 temas prioritarios que deberán abordarse a fin de iniciar el proceso de cumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte del Estado y empresarios colombianos. La agenda en términos generales es la siguiente:

1. Adecuación normativa para garantizar la libre creación y funcionamiento de las organizaciones sindicales de conformidad con el convenio 87

2. Adoptar un marco normativo que permita la afiliación directa de cualquier trabajador independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral a los sindicatos y a las centrales sindicales .

3. Cumplir las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y adoptar un marco normativo para el cumplimiento de las recomendaciones del CLS y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

4. Adecuar la normatividad sobre el derecho a la huelga de acuerdo con todas las recomendaciones de la OIT.

5. Adoptar un marco normativo para la negociación colectiva y las garantías sindicales de los empleados públicos y negociación colectiva por rama de actividad económica.

6. Implementar acciones para que la rama judicial en su conjunto asuma el valor jurídico vinculante de las normas y recomendaciones de la OIT.

7. Poner fin a los señalamientos y estigmatizaciones contra miembros de organizaciones sindicales. Y desarrollar estrategias que desmonten los factores de riesgo que generan violencia contra los sindicatos y sus miembros.

8. Hacer seguimiento a las políticas de investigación para la superación de la impunidad; y la reparación individual y colectiva en materia de violencia antisindical.

9. Adopción de marco normativo que permita restituir el contrato de trabajo como elemento central de la relación de trabajo, acabando con la función de intermediación laboral y el fraude que realizan de las cooperativas de trabajo asociado y las otras prácticas de trabajo sin vínculo laboral.

10. Discusión y adopción de una política social que promueva la generación de trabajos decentes y la garantía de los derechos sociales mínimos.

11. Crear el Ministerio del Trabajo, la Seguridad Social y el Empleo; y fortalecimiento de la inspección del trabajo.

12. Escenarios para el seguimiento a la responsabilidad social y laboral de las empresas multinacionales y nacionales.

13. Escenarios para negociación salarial nacional de los sectores privado y público

14. Derogatoria de la reforma laboral 789 de 2003. Apertura de la discusión del Estatuto del Trabajo que ordena el artículo 53 de la constitución

15. Implementar una estrategia de fortalecimiento de la representación permanente, teniendo como punto de referencia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

viernes, 5 de diciembre de 2008

LAS MUJERES EN LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA



Colombia)(Autor: Minga Informativa de Movimientos Sociales

La violencia contra las mujeres es una situación estructural y un reflejo de la opresión de las mujeres por los hombres, afectando a todas las mujeres como grupo social. Toda violencia tiene un contexto especifico y tenemos que comprender cómo, cuándo y por qué ocurre esta violencia contra las mujeres, cuáles son los mecanismos en un contexto específico que permite que exista la violencia contra las mujeres. La idea general sobre la violencia contra las mujeres es que se trata de situaciones extremas o localizadas en personas individuales. Pero eso nos toca a todas, pues todas ya tuvimos miedo, cambiamos nuestro comportamiento, limitamos nuestras posibilidades por la amenaza de la violencia.

Otra idea es que la violencia contra las mujeres es un problema solo de las clases más bajas y de las culturas “bárbaras”. Con todo, sabemos también que la violencia es transversal y que atraviesa a todas las clases sociales y diferentes culturas, religiones y situaciones geopolíticas.

A pesar de ser más común en la esfera privada, la violencia contra las mujeres también ocurre en la esfera pública (trabajo, agresiones, estupro, tráfico, pornografía, esclavitud, esterilización forzada, etc.). La violencia es utilizada como una forma de excluir a las mujeres del espacio publico. En un contexto de criminalización de los movimientos sociales, la represión contra las mujeres luchadoras, muchas veces toma la forma de violencia sexual.

Otro ejemplo es cuando el modelo de masculinidad se asocia con la agresividad y cuando los jóvenes integran grupos con expresiones racistas y sexistas para presentarse a sus pares como verdaderos “hombres”.

La raíz de la violencia contra las mujeres está en el sistema patriarcal y en el capitalismo que impone una necesidad de control, apropiación y explotación del cuerpo de las mujeres. El patriarcado funciona a través de dos principios: la noción que las mujeres son propiedad de los hombres (es por eso que las mujeres estarían al servicio de los hombres y no podrían nunca decir no), y la división de las mujeres en dos categorías: “santas” y “putas”. La violencia es un castigo para aquellas que no se encuadran en el papel de “santas”, “buena madre y esposa”, por ejemplo, es común que los hombres justifiquen la agresión a sus esposas porque la comida no estaba lista o por que la ropa que querían vestir no estaba limpia. También es un castigo para aquellas que son consideradas “putas”, y los agresores y la sociedad justifica la agresión diciendo que la mujer estaba caminando sola de noche o porque la mujer no usaba ropa decente.

La noción impuesta por el patriarcado de que las mujeres son propiedad de los hombres también tiene un aspecto económico, que está conectado a la cuestión del Estado hegemónico y que se expresa en la unión entre el patriarcado y el capitalismo. Eso posiciona a las mujeres como mano de obra mucho más barata y siempre disponible para el cuidado de los otros y todo el trabajo que envuelve eso. Así, asistimos a dos niveles de dominación de las mujeres por el patriarcado: por un lado, hay una explotación del trabajo de las mujeres y, por otro, la violencia como herramienta para mantener la dominación del hombre. Las mujeres sufren también niveles distintos de discriminación y opresión que se sobreponen: son mujeres pero también por el color de la piel, la lengua, la nacionalidad, clase social, la religión, etc.

La cuestión del poder hegemónico ha llevado, por ejemplo en México, a una nueva forma de feminicidio que deriva de la hegemonía de los Estados Unidos y que se expresa por el asesinato en masa de mujeres mexicanas por cruzar la frontera con los Estados Unidos. En Europa observamos la creación de un nuevo discurso de la ideología dominante, en que la igualdad de género es usada contra los migrantes, haciendo una conexión entre inmigración y la violencia contra las mujeres. Incluso la invasión de Afganistán por parte de los EE.UU. fue justificada por la defensa de los derechos de las mujeres.

¿Cómo podemos luchar contra la violencia a las mujeres? En muchos países ya existen leyes que protegen a las mujeres, aunque eso no es siempre suficiente, porque muchas veces en la práctica no son aplicadas. El silencio, la discriminación, la impunidad, la dependencia de las mujeres en relación a los hombres y las justificaciones teóricas y psicológicas toleran y animan la violencia contra las mujeres.

Sabemos que el Estado es patriarcal y violento pero también esperamos que sea él quien reaccione contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Además de eso, la policía que es operadora de muchas políticas que reivindicamos. También reprime los movimientos ejerciendo recortes de raza y clase. Eso es una contradicción. Para muchas mujeres la única forma de defensa contra la violencia en su comunidad y en su familia es el Estado, que representa un poder externo y superior.

Sabemos que las medidas punitivas son necesarias pero insuficientes para erradicar la violencia. Son necesarias acciones que busquen prevenir y que cohíban los actos de violencia antes que estos ocurran. En los Estados donde existen políticas publicas, estas difícilmente llegan al conjunto de mujeres, incluyendo las mujeres rurales, indígenas e inmigrantes.

Las mujeres siguen resistiendo de forma individual y colectiva. Cada vez que una mujer resiste y denuncia, ella está rompiendo el paradigma dominante. También es necesario confrontar públicamente a los hombres y a la sociedad al respecto de la violencia contra las mujeres. No podemos hablar de erradicación de la violencia contra las mujeres sin hablar del sistema patriarcal, capitalista, colonialista. En este proceso, los movimientos locales fuertes, donde las mujeres de las comunidades son protagonistas, tienen un papel decisivo.

Nosotras, de la Marcha Mundial de las Mujeres queremos generar un debate y una acción política amplia que se anticipe a la realización de la violencia, siendo verdaderamente preventiva. Ya se conoce la extensión y la intensidad de la violencia, entonces, no es necesario esperar que exista denuncia, es necesario tener el tema en la agenda de los grupos de mujeres, en las organizaciones mixtas, en las radios comunitarias, en los diarios y medios de comunicación de los movimientos. Para eso, creemos que el movimiento feminista debe construir una fuerte y amplia auto organización de las mujeres luchando por la autonomía y la autodeterminación.

Los grupos de mujeres se fortalecen a través de encuentros, diálogos, debates, manifestaciones, trabajos corporales de autodefensa. El objetivo no es localizar la violencia sexista como un problema de algunas mujeres sino fortalecernos a todas aprendiendo y reaprendiendo a resistir, a construir nuestras vidas sin violencia.

Finalmente, valoramos como un paso importante en esta lucha el hecho de que movimientos sociales mixtos se dispongan a enfrentar la violencia contra las mujeres, y nos solidarizamos con la “Campaña Mundial de la Vía Campesina por el fin de la violencia contra las mujeres” que fue lanzada en la V Conferencia Mundial en Mozambique en Octubre, de este año.

Dia Internacional de Combate a la violencia contra la mujer

COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EXIGE RENUNCIA INMEDIATA DEL RECTOR CLAUDIO SÁNCHEZ

COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EXIGE RENUNCIA INMEDIATA DEL RECTOR CLAUDIO SÁNCHEZ PARRA POR SUS VÍNCULOS CON EL PARAMILITARISMO

(Colombia) (Autor: ccajar)

Ante la confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, realizada el 21 de noviembre, en la que señaló que Claudio Sánchez Parra, actual rector de la Universidad de Córdoba, fue impuesto por los paramilitares para cumplir con sus directrices, la comunidad académica de dicho claustro académico, solicito en días pasados, la renuncia de éste último.

Según la seccional Córdoba de la Asociación de Profesores Universitarios - ASPU - , reunidos en asamblea general la semana inmediatamente anterior, la petición obedece además a que la permanencia de Sánchez Parra en la dirección de la Universidad de Córdoba acentúa la estigmatización a nivel nacional e internacional de ésta, como “la Universidad paramilitar de Colombia, con la cual tenemos que cargar injustamente todos los miembros de la comunidad universitaria”.

Así mismo exigieron al Consejo Superior Universitario, permita la depuración de la Universidad de “fuerzas tenebrosas enquistadas en la actual administración”, que lo único que han hecho es hacer inmanejables los conflictos laborales con los trabajadores, y sumergir a la Universidad en el caos y la ingobernabilidad.

En el mismo sentido se pronunció la Junta Directiva Nacional de SINTAUNICOL, quienes manifestaron que las decisiones tomadas por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, obedecen a orientaciones impartidas por los paramilitares de Córdoba, decisiones avaladas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación quienes son conocedores de las arbitrariedades que el Consejo Superior aprobó violando la ley y desconociendo las Convenciones Colectivas firmadas entre la Universidad y el Sindicato de trabajadores.

Las solicitudes, que no son nuevas, tienen su base en las denuncias permanentes que han realizado profesores, trabajadores, estudiantes y pensionados de la Universidad, sobre la relación entre el comandante paramilitar y el nombramiento del actual rector, Claudio Sánchez Parra, así como sobre la infiltración del paramilitarismo en el claustro universitario, incluso reconocidas por el propio Mancuso desde el 8 de octubre de 2007 pasado, día en el cual, en el marco de una audiencia pública realizada en la ciudad de Cúcuta, éste mencionó, no sólo que él era el responsable directo de la desaparición de al menos cinco profesores de la Universidad de Córdoba, sino que también influyó en el nombramiento del rector Víctor Hernández en el año 2000. La orden, dijo, era limpiar el centro académico.

En este punto es bueno recordar que el actual rector permitió que tres hermanos entre sí, primos de Mancuso ocupasen cargos administrativos en la Universidad, a saber, Jhon Jairo Gómez Támara, Jefe de Servicios Generales, Emma Paola Gómez Támara, directora de Bienestar Universitario y Alina del Carmen Gómez Támara, Jefe de archivo, así como otros familiares y allegados del mismo, como en el caso del administrador de la granja Berastegui, cuñado hermano de éste.

Hechos dados, luego de dos reuniones que jefes paramilitares sostuvieron con Sánchez Parra y Victor Hugo Hernández. La primera realizada en Santa Fe de Ralito el 17 de diciembre de 2001, en la cual Mancuso le exigió al rector de entonces, Víctor Hugo Hernández que el manejo administrativo y los contratos debían ser concertados con él. La segunda realizada el 18 de febrero de 2003, a la que fueron convocados por Mancuso, además de Claudio Sánchez, el actual rector, los directivos de los sindicatos de la Universidad, ASPU, SINTRAUNICOL y AJUCOR, quienes fueron recogidos ese día, en un vehículo de la empresa Cooperativa de Transportadores Tucurá, y conducidos a Santa Fe de Ralito a un campamento paramilitar, donde llegaron a las 6:30 de la tarde, encontrándose allí también con Felix Manssur Jattin, Presidente del Consejo Superior y representante del Ministro de Educación Nacional; Gustavo Rodríguez Argel representante de los ex rectores; Jairo Durango Vertel vicerrector Académico y representante de las directivas académicas; Alicia Cogollo representante de los egresados; Norman Espinosa, representante del Gobernador de Córdoba; Hugo Ordoñez Ñañez, representante de los estudiantes; John Jairo Támara Gómez, Jefe de Servicios Generales; Carlos Castaño Puentes Director de la Granja Berástegui; Rafael Dájer Plata, vicerrector Administrativo; y Julio César Garcés, funcionario administrativo.

Para profesores, estudiantes y trabajadores de la misma, la Universidad, debe ser, contrario a lo que pasa hoy día desde la llegada del paramilitarismo, un espacio propicio para la ciencia, la tecnología, la democracia, y la sana convivencia bajo un ambiente de tolerancia, por encima de cualquier interés particular.

Alarmante aumento de 'falsos positivos' en los dos últimos meses


Por Camilo Raigozo

Un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dado a conocer a los medios, dice que de agosto a noviembre de este año, en Antioquia se pasó de 155 a 219 asesinatos en los que presuntamente está involucrada la Fuerza Pública.

En el Meta se pasó de 107 a 115, en N de Santander se pasó de 26 a 50 asesinatos cometidos presuntamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según el documento del ente investigador, hasta el momento han sido condenados 46 militares, 952 están vinculados a investigaciones, mientras que 21 policías, 20 integrantes de la Armada y 4 agentes del DAS, también están siendo indagados.

Según la Fiscalía los falsos positivos pasaron de 1 solo caso en el 2001 a por lo menos 245 en el 2007, lo que hace preocupante el fuerte incremento de asesinatos atribuidos presuntamente a las fuerzas de seguridad del Estado. Foto El Universal

jueves, 4 de diciembre de 2008

miércoles, 3 de diciembre de 2008

El hilo de la conspiración uribista contra Venezuela


Notas de Juan Cendales


Por fin existe una prueba material que evidencia el papel desestabilizador del régimen de Álvaro Uribe en contra del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Esto es algo que desde hace mucho rato se sabe y se ha expresado en múltiples foros. Uribe es la quinta columna del imperio en América Latina y su punta de lanza en la provocación contra los procesos democráticos y antiimperialistas de Venezuela y de Ecuador, especialmente.


Se ha conocido una conversación telefónica entre José Obdulio Gaviria, principal asesor y alter ego de Uribe con el Cónsul colombiano en Maracaibo. Hablan de los logros electorales de la oposición en Venezuela, del carácter estratégico que tienen, que ya se han reunido para trazar nuevos planes, en medio de una conversación entrecortada pero que muestra claramente la existencia de planes desestabilizadores desde Colombia.


“Espero sus ordenes”, le dice el Cónsul a Gaviria.


José Obdulio Gaviria no es el canciller colombiano. No hace parte del gobierno. Es un asesor externo pagado con dineros del PNUD, tiene oficina en el palacio presidencial y es quien lee y escribe por Uribe. Es el autor de la famosa frase de que Uribe era una inteligencia superior y abstracta. Se dice que es el Montesinos del muy fujimorista Uribe. Maneja el aparato de propaganda, lleva las relaciones con los servicios secretos y es quien más cerca le habla al presidente. Ahora se ha comprobado porqué. Es primo hermano del abatido jefe mafioso Pablo Escobar.


José Obdulio obviamente ha minimizado el asunto. Pero la cosa es bastante grave. O mejor, bastante clara. El pobre Canciller colombiano quien se ve que es solo un muñequin en lugar de reaccionar porque desconocen su autoridad anuncia una nota de protesta contra Venezuela. Es algo característico del régimen mafioso colombiano. Una treta que utilizan los ladronzuelos cuando son pillados y los persiguen en la calle. Ellos mismos gritan “cójanlo…cójanlo… ladrón! Para despistar. Algo que el primo de José Obdulio practicaría muy bien cuando era un ladronzuelo mucho antes de ser un connotado y multimillonario jefe mafioso.


La pirámide uribista se sigue lentamente doblando.

martes, 2 de diciembre de 2008

Un abrazo solidario


Augurándole éxitos en la loable y titánica gestión de mantener informado al pueblo colombiano de manera pragmática y objetiva.

Es apremiante poder llegar a su lugar de trabajo a través de esta significativa misiva, para poderles brindar nuestro abrazo de solidaridad en el 51aniversario del semanario VOZ de la clase más necesitada y marginada de nuestro país.

De igual manera poderlo acompañar, desde la distancia, ante el funesto e inicuo señalamiento por parte de los sátrapas de la Casa de«Nari», desconociendo la gestión que diferentes personas con pensamientos justos y nobles como usted, han adelantado para la búsqueda de una salida negociada al grave conflicto que vive el país. Compañero Carlos: Esta misiva está acompañada de una manilla de lona con el nombre de «semanario VOZ» y otras de los «presos políticos», van cargadas de buenas intenciones y de abrazos y camaradería.

Agradecemos por la suscripción que aún conservamos.


Gracias a él conocemos lo que ocultan otros medios de comunicación y también nos sirve de material de estudio y formación.


Colectivo de los Presos Políticos
«Juan Carlos Castañeda». Girón, Santander.

¡ MOVILIZACION ! DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


lunes, 1 de diciembre de 2008

J. Manuel Arango C. rompiendo los montajes del Regimen



Conjeturas maquiavelicas por parte del régimen dictatorial de Uribe, que en medio de su paranoia o resentimiento personal le hace ver a guerrilleros de las FARC por todos lados.., puede conllevar a que miles de inocentes, no solo estemos injustamente tras de rejas.., sino que algunos sean asesinados o desparecidos.