Lima, 16 feb (PL) Un importante respaldo y amplia argumentación sustentan el pedido, presentado al gobierno peruano, de que el ex líder insurgente Víctor Polay sea trasladado de una cárcel considerada inhumana a un presidio común.
La demanda, presentada este mes por Otilia Polay, hermana del cautivo, al primer ministro y ex preso político, Yehude Simon, fue trasladada por éste a los organismos competentes, con la recomendación de que sea posible en la medida de su legalidad.
La audiencia dio lugar a ataques de la prensa derechista contra Simon, quien fue respaldado por el presidente Alan García, al considerar el mandatario que no hubo nada inadecuado en la audiencia que el primer ministro concedió a la hermana del prisionero.
El pedido de traslado de Polay a una cárcel común es respaldado por unas 800 personalidades peruanas y latinoamericanas de diversas posiciones, incluyendo a religiosos, que han firmado una declaración conjunta a favor del cambio de cárcel.
El documento invoca la Constitución peruana para afirmar que “es arbitraria e injusta” la carcelería de Polay, preso desde 1992 y condenado a 35 años de encierro bajo la acusación de terrorismo.
Agrega que una venganza política determinó la reclusión del líder insurgente en un presidio construido especialmente para altos mandos de grupos armados, en la Base Naval del vecino puerto del Callao, por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La declaración señala que Polay ha sufrido vejámenes y condiciones infrahumanas, según informe de la Cruz Roja Internacional.
Sostiene que ese presidio, por sus duras condiciones, es conocido como “Némesis” (diosa griega de la venganza) y es comparable con la cárcel ilegal que Estados Unidos tiene en la base de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado.
Argumenta además que Polay ha dejado en claro en su calidad de jefe del MRTA, que sus combatientes nunca asesinaron prisioneros, ni arrasaron poblaciones, ni victimaron a civiles inocentes.
“Su accionar militar siempre estuvo supeditado a objetivos políticos, ya que como movimiento político mantuvieron siempre canales abiertos para la concertación y el retorno a la paz social”, dice el pronunciamiento.
Añade que en 2003 proclama que ha llegado el momento que el MRTA se incorpore activamente a la lucha política, dentro de los marcos constitucionales y con la formación de un nuevo partido, recogiendo las experiencias de otros movimientos guerrilleros en América Latina.
La decisión, recuerda los firmantes, considera pertinente continuar la lucha por los caminos y vías democráticas que el pueblo ha conquistado y Polay en 2005 aceptó una propuesta no cristalizada de ser candidato a la Presidencia.
El pronunciamiento argumenta igualmente que la Marina peruana pidió hace tres años al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que, a la brevedad posible traslade a los reclusos de la prisión de la Base Naval del Callao a un penal común.
El documento está encabezado por Otilia Campos, madre de Polay y militante del gobernante Partido Aprista, en el que el guerrillero encarcelado militó hasta tomar la decisión de abandonarlo para adoptar otras posiciones que lo llevaron a formar el MRTA.
La organización inició sus acciones armadas durante el primer gobierno del actual presidente Alan García y está actualmente inactivo. Un grupo de ex miembros del MRTA formó el año pasado el partido Pueblo Unido, para participar en las elecciones de los próximos años.
La demanda, presentada este mes por Otilia Polay, hermana del cautivo, al primer ministro y ex preso político, Yehude Simon, fue trasladada por éste a los organismos competentes, con la recomendación de que sea posible en la medida de su legalidad.
La audiencia dio lugar a ataques de la prensa derechista contra Simon, quien fue respaldado por el presidente Alan García, al considerar el mandatario que no hubo nada inadecuado en la audiencia que el primer ministro concedió a la hermana del prisionero.
El pedido de traslado de Polay a una cárcel común es respaldado por unas 800 personalidades peruanas y latinoamericanas de diversas posiciones, incluyendo a religiosos, que han firmado una declaración conjunta a favor del cambio de cárcel.
El documento invoca la Constitución peruana para afirmar que “es arbitraria e injusta” la carcelería de Polay, preso desde 1992 y condenado a 35 años de encierro bajo la acusación de terrorismo.
Agrega que una venganza política determinó la reclusión del líder insurgente en un presidio construido especialmente para altos mandos de grupos armados, en la Base Naval del vecino puerto del Callao, por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La declaración señala que Polay ha sufrido vejámenes y condiciones infrahumanas, según informe de la Cruz Roja Internacional.
Sostiene que ese presidio, por sus duras condiciones, es conocido como “Némesis” (diosa griega de la venganza) y es comparable con la cárcel ilegal que Estados Unidos tiene en la base de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado.
Argumenta además que Polay ha dejado en claro en su calidad de jefe del MRTA, que sus combatientes nunca asesinaron prisioneros, ni arrasaron poblaciones, ni victimaron a civiles inocentes.
“Su accionar militar siempre estuvo supeditado a objetivos políticos, ya que como movimiento político mantuvieron siempre canales abiertos para la concertación y el retorno a la paz social”, dice el pronunciamiento.
Añade que en 2003 proclama que ha llegado el momento que el MRTA se incorpore activamente a la lucha política, dentro de los marcos constitucionales y con la formación de un nuevo partido, recogiendo las experiencias de otros movimientos guerrilleros en América Latina.
La decisión, recuerda los firmantes, considera pertinente continuar la lucha por los caminos y vías democráticas que el pueblo ha conquistado y Polay en 2005 aceptó una propuesta no cristalizada de ser candidato a la Presidencia.
El pronunciamiento argumenta igualmente que la Marina peruana pidió hace tres años al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que, a la brevedad posible traslade a los reclusos de la prisión de la Base Naval del Callao a un penal común.
El documento está encabezado por Otilia Campos, madre de Polay y militante del gobernante Partido Aprista, en el que el guerrillero encarcelado militó hasta tomar la decisión de abandonarlo para adoptar otras posiciones que lo llevaron a formar el MRTA.
La organización inició sus acciones armadas durante el primer gobierno del actual presidente Alan García y está actualmente inactivo. Un grupo de ex miembros del MRTA formó el año pasado el partido Pueblo Unido, para participar en las elecciones de los próximos años.
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