ACTUALIDAD
FALSOS POSITIVOS, VERDADEROS CRÍMENES
28 Enero de 2009
Preocupa al Gobierno que, como consecuencia de la proliferación de denuncias e investigaciones acerca de los llamados “falsos positivos”, se incremente la mala imagen del país en el exterior, en especial ante los Estados Unidos -cuyo nuevo Presidente tiene el respeto a los derechos humanos como objetivo prioritario-.
Creemos que, más que la mala imagen, lo que debe preocupar es la cruda realidad a la que nos enfrentamos en esta materia, en cuanto la sociedad colombiana continúa presenciando, perpleja e incrédula, el aumento de las denuncias y las exhumaciones de cadáveres por cuenta de méritos y logros militares conseguidos mediante el crimen.
El propio Gobierno se ha visto precisado a disolver una brigada del Ejército, probablemente con el propósito de restablecerla con nuevos efectivos y ojalá con procedimientos internos de control, pues allí los investigadores castrenses encontraron serias irregularidades de las que informaron al Presidente de la República y al Ministro de Defensa.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha tomado ya varias decisiones de importancia, dentro del criterio indicado por el Fiscal Iguarán de no permitir la impunidad, y de evitar que, como consecuencia de una inactividad del Estado colombiano, tenga que asumir competencia la Corte Penal Internacional. No olvidemos que precisamente esta clase de crímenes constituyen el principal objeto de su jurisdicción, a la luz del Tratado de Roma, y veamos que este lunes se dio comienzo a los primeros juicios, en busca de garantizar la efectividad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La Fiscalía colombiana ha proferido medida de aseguramiento contra varios miembros de la Fuerza Pública, por estos crímenes. La presente semana fue dictada la más reciente providencia contra catorce uniformados, miembros de la Brigada 16 del Ejército con sede en Yopal, Casanare, por su posible responsabilidad en el secuestro y homicidio, en marzo de 2007, de tres jóvenes que fueron presentados como caídos en combate. Dos de ellos -de 15 y 20 años- habían sido abordados por militares del Gaula en un restaurante donde desayunaban, y, según la Fiscalía “los sacaron del lugar y los asesinaron a menos de 600 metros”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el otro muchacho, de 16 años, que viajaba en un bus intermunicipal entre Yopal y Sogamoso “fue bajado del vehículo en un retén (o punto de chequeo) del Ejército”, y después apareció muerto en un supuesto combate de la Fuerza Pública contra el ELN.
La Fiscalía adelanta, según sus datos, 1.230 investigaciones de civiles reportados como muertos en combate. La Unidad de Derechos Humanos procesa 848 investigaciones, y las seccionales llevan 382 casos, sin perjuicio de las nuevas denuncias que se presentan en distintos puntos del territorio nacional.
Todo esto estremece y afana. Son falsos positivos, y verdaderos crímenes. Algo muy grave está pasando en el interior del Ejército de Colombia.
Preocupa al Gobierno que, como consecuencia de la proliferación de denuncias e investigaciones acerca de los llamados “falsos positivos”, se incremente la mala imagen del país en el exterior, en especial ante los Estados Unidos -cuyo nuevo Presidente tiene el respeto a los derechos humanos como objetivo prioritario-.
Creemos que, más que la mala imagen, lo que debe preocupar es la cruda realidad a la que nos enfrentamos en esta materia, en cuanto la sociedad colombiana continúa presenciando, perpleja e incrédula, el aumento de las denuncias y las exhumaciones de cadáveres por cuenta de méritos y logros militares conseguidos mediante el crimen.
El propio Gobierno se ha visto precisado a disolver una brigada del Ejército, probablemente con el propósito de restablecerla con nuevos efectivos y ojalá con procedimientos internos de control, pues allí los investigadores castrenses encontraron serias irregularidades de las que informaron al Presidente de la República y al Ministro de Defensa.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha tomado ya varias decisiones de importancia, dentro del criterio indicado por el Fiscal Iguarán de no permitir la impunidad, y de evitar que, como consecuencia de una inactividad del Estado colombiano, tenga que asumir competencia la Corte Penal Internacional. No olvidemos que precisamente esta clase de crímenes constituyen el principal objeto de su jurisdicción, a la luz del Tratado de Roma, y veamos que este lunes se dio comienzo a los primeros juicios, en busca de garantizar la efectividad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
La Fiscalía colombiana ha proferido medida de aseguramiento contra varios miembros de la Fuerza Pública, por estos crímenes. La presente semana fue dictada la más reciente providencia contra catorce uniformados, miembros de la Brigada 16 del Ejército con sede en Yopal, Casanare, por su posible responsabilidad en el secuestro y homicidio, en marzo de 2007, de tres jóvenes que fueron presentados como caídos en combate. Dos de ellos -de 15 y 20 años- habían sido abordados por militares del Gaula en un restaurante donde desayunaban, y, según la Fiscalía “los sacaron del lugar y los asesinaron a menos de 600 metros”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el otro muchacho, de 16 años, que viajaba en un bus intermunicipal entre Yopal y Sogamoso “fue bajado del vehículo en un retén (o punto de chequeo) del Ejército”, y después apareció muerto en un supuesto combate de la Fuerza Pública contra el ELN.
La Fiscalía adelanta, según sus datos, 1.230 investigaciones de civiles reportados como muertos en combate. La Unidad de Derechos Humanos procesa 848 investigaciones, y las seccionales llevan 382 casos, sin perjuicio de las nuevas denuncias que se presentan en distintos puntos del territorio nacional.
Todo esto estremece y afana. Son falsos positivos, y verdaderos crímenes. Algo muy grave está pasando en el interior del Ejército de Colombia.
