Por Nelson Lombana Silva
Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, se declara impotente ante tanta violación de los derechos humanos en su jurisdicción por parte del mismo Estado. "Es un tema complejo", afirma. Sus argumentos son claros, porque no solo se violan en el conflicto que genera desplazamiento, desapariciones forzadas, sino también se violan derechos económicos, sociales y culturales.
Destaca el alto índice de desempleo, los miles de niños tolimenses que no tienen los recursos económicos para estudiar y cuando pueden asistir, la calidad de la educación es pésima. Lo mismo sucede con la salud y el medio ambiente. A eso hay que sumarle las precarias vías de los campesinos para sacar sus productos. También advierte el defensor, la violencia intrafamiliar, el derecho al espacio público y el deterioro de la malla vial de la ciudad de Ibagué. "Parece una ciudad recién bombardeada", señala.
Advierte Santiago Ramírez sobre el suculento negocio de algunos constructores ladrones de vivienda de interés social, aprovechando el subsidio del Estado. Dice igualmente que se ha visto precisado a instaurar acción de cumplimiento contra invías nacional, la gobernación y el municipio, de una avenida que hace cinco años se adjudicó el dinero pero no se ha terminado, la dejaron los contratistas "mocha".
Mientras el gobierno nacional hace gárgaras afirmando que el paramilitarismo es cosa del pasado y el gobernador Oscar Barreto Quiroga, conservador y de paso uribista "pura sangre", repite maquinalmente, el defensor regional del pueblo, expresa: "Vemos con mucha preocupación que esa etapa que creíamos superada, se empieza a reproducir otra vez, que es el tema del paramilitarismo, de águilas negras y de nueva generaciones, en el norte del Tolima y que nosotros ni siquiera entendemos bien qué es lo que está pasando, pero allí está y están porque están afectando los derechos de la población civil, están porque tiene que la población civil desplazarse, están porque a diario tenemos referencia de secuestros y homicidios; están porque hemos visto panfletos donde amenazan con reclutar forzadamente a los niños".
Pero el gobierno nacional dice que eso es cosa del pasado, lo repite el gobernador, la policía y los mismos militaristas. ¿Qué está pasando, entonces? "Es un problema conceptual. Porque el paramilitarismo que creemos recientemente haber superado, por lo menos en el Tolima, correspondía a unas estructuras de poder del orden nacional, muy poderosas, llamadas AUC, que tenían un mando nacional. Ahora se comienza a presentar unos grupúsculos que tienen una cantidad de nombres extraños como por ejemplo, águilas negras, nueva generación, etc. Son reductos de las organizaciones anteriores, pero que no tienen una estructura a nivel nacional, son estructuras que están al servicio de delincuentes ricos, que casi siempre son narcotraficantes. Esas estructuras son las que vienen ejerciendo violencia sobre todo en zonas donde hay cultivos de uso ilícito. Hemos visto cómo han ido apareciendo en el norte del Tolima, pero también hemos tenido referencia muy clara y contundente de que buena parte media y alta de la cordillera, en la parte norte, está sembrada de amapola y más debajo de coca. Hemos tenido esos referentes y eso hace que aparezcan esos grupos, porque esos grupos les ofertan protección a esos delincuentes. Están en Mariquita, Honda, Ambalema, El Líbano, Villahermosa y otras regiones del departamento", dice y agrega: "En Villahermosa nos generaron un impacto muy fuerte el año pasado, cuando dijeron en un panfleto: Nosotros con sus hijos derrotaremos la subversión. Eso hizo que los campesinos salieran corriendo con sus hijos. Esas "vahándolas" se van fortaleciendo económicamente y con el tiempo serán insuperables como nos pasó con las AUC, que el mismo Estado solía decir que no podía con ellas".
El Tolima, doctor Santiago, se encuentra súper militarizado. Se dijo en su momento que en este departamento estaba el secretariado de las Farc. Uno se pregunta, con semejante despliegue militar, que ciertamente embriaga, emborracha, esas supuestas bandas desarticuladas se mueven sin ningún contratiempo, podría uno intuir que el binomio militar – paramilitar sigue imperando. Incluso se sabe que en el municipio de San Luis hay escuela de entrenamiento. ¿Cuál es su opinión?
"No, en San Luis había un reducto de una serie de bandidos, delincuentes comunes, que eran reductos de una organización paramilitar, que su jefe se desmovilizó y que algunos quedaron. Grupo que ha tenido algunos jefes, jefes que han venido cayendo uno a uno y están siendo procesados judicialmente. Algunos se acogieron a la ley de justicia y paz y otros vienen siendo juzgados como delincuentes comunes. Sigue existiendo un grupito que extorsiona, que aprieta y que genera violencia. La policía ha detenido en los últimos dos meses algunos y sabemos que aún quedan cinco por capturar, plenamente identificados por cierto, y que se vienen de ese grupo fuerte que se desplazaba por Saldaña, el Guamo, pasaban a Lérida. La verdad es que sí existen bandidos armados que ejercen violencia contra la comunidad y que están al servicio del narcotráfico".
El comentario generalizado en el departamento, es que los militares sacan a los campesinos de sus casas, los asesinan, les colocan prendas militares, un arma vetusta, una granada y luego el parte, es que cayó en crudo combate. Las denuncias vienen de Planadas, Dolores, Ataco, Chaparral, Natagaima, Coyaima, Prado, Anzoátegui, etc. Pero hay algo más, esos campesinos temen denunciar ante la defensoría regional porque dicen que usted inmediatamente les da trámite a los militares, o sea, supuestamente a los victimarios. ¿Qué opina usted al respecto? "Hay que explicarle a la persona para que no se preocupe por eso. Claro que tengo que informarle a la fuerza pública y al más alto nivel. Cuando un campesino presenta una denuncia, yo la presente ante el inspector general del ejército y solicito que se abra una investigación inmediatamente, de la procuraduría, de la fiscalía, de todos los organismos de control, del comandante del batallón para que se de cuenta en qué andan sus hombres, y sea él primero el que abra la investigación. Eso hay que hacerlo, pero hasta el momento no tengo un solo caso que me diga que a raíz de la denuncia en la defensoría, he sido víctima. Y si se llegara a presentar yo me comprometo que quien trate de retaliar por una denuncia, responda ante el estrado de las autoridades competentes, porque no solo denunciaré sino que me constituiré en parte civil para garantizar que las investigaciones avancen".
En cuanto al medio ambiente, Santiago Ramírez, señala que el Tolima es un de los departamentos más ricos en recursos naturales. Sin embargo, vienen desapareciendo paulatinamente, porque no hay autoridades comprometidas de regular idealmente la relación del hombre con la naturaleza. Su destrucción es frecuente e inevitable, advierte. Sobre el tema de los crímenes de Estado o los "falsos positivos", que los tolimenses denunciaron recientemente en un número de cien, el defensor del pueblo expresó: "Yo no puedo desconocer de ninguna manera la denuncia que hacen los campesinos, pero tampoco puedo alegremente los informes de la fuerza pública. En esos casos quien debe decir la verdad en últimas es la fiscalía general de la nación, que es la que tiene los medios técnicos y científicos para investigar y establecer cuál es la realidad".
El presidente Uribe dice que en Colombia no hay conflicto armado, Santiago Ramírez dice que no está para conceptuar sobre las decisiones de sus superiores, pero tiene una certeza inexorable que hacia los cuatro puntos cardinales del departamento se está violando los derechos de los campesinos en un conflicto que lleva más de 40 años. "Las definiciones que haga el Estado a nivel superior, no son de mi competencia su discusión, ni analizarla, ni colocarlas en entredicho, lo que creo es que en materia de derechos humanos en el departamento, tenemos una cantidad situaciones donde especialmente las víctimas es la población civil, los no combatientes".
Ibagué, diciembre 18 de 2008
