Al igual que en el resto del país, en las zonas cafeteras y cacaoteras de Santander existe vinculación total a la legítima protesta de los productores.
Sin analizar ya lo que acontece con el café, finalizando el 2011 el precio que se pagaba a cada productor de cacao, por kilo, era de $ 5.700 y ahora es de solo $ 2.800 o poco más, es decir un cincuenta por ciento menos, pese a que los costos de producción han aumentado de forma desorbitada. Esa reducción ruinosa, producto de las políticas de libertad de importación de cacao y sus derivados; de acoso a los sectores productivos del campo para obligar a sus moradores a abandonar los terruños o convertirse en “socios” de la minería, está llevando a la indigencia al grueso de los habitantes de zonas rurales, antaño de reconocida trascendencia. En contaste los precios finales al consumidor de la Teobromina no han disminuido.
Como la situación es de movilización o hambruna, a los campesinos no los quedó otro remedio, después de un año de protestas y conversaciones, que sumarse al paro nacional. Las zonas de San Vicente y El Carmen de Chucurí, Cimitarra, Landázuri, Rionegro, El Playón, provincias guanentina y comunera y un largo etcétera que cubre más de la mitad del departamento se decidieron finalmente a salir a las carreteras centrales para que su voz pueda oírse, ante el insensible silencio de los medios masivos de comunicación y la indolencia de las autoridades. Es de sobra sabido que las principales cadenas radiales y televisivas tienen al menos multimillonarias pautas publicitarias de los procesadores del cacao como la Nacional Chocolates, Lúker, etc.; y que en una buena parte las casas procesadoras son parte o entronque de consorcios de los monopolios dueños de los principales medios de comunicación.
Con la ‘libertad de importación’ se está trayendo cacao de los más remotos lugares. No solo de países de América, de donde la planta es oriunda. Colombia es autosuficiente en la producción del cacao y sus derivados, pero el mercado regido por la práctica neoliberal ha llevado a que se lance a la ruina a los productores (todos pequeños minifundistas) para que las casas chocolateras se queden con la parte del león, al no rebajar sino aumentar los precios al consumidor, con la sospechosa complacencia de los gobernantes.
El paro desarrollado de manera pacífica se ha hallado, como ya es proverbial, con la agresión de las hordas agrupadas en el ESMAD. Frente a los gritos y reclamos de la masa inerme de todas edades, ese ejército de ocupación al servicio de las transnacionales y los monopolios nacionales ha lanzado los consabidos chorros de agua envenenada con arena y otros elementos; las costosas y contaminantes bombas lacrimógenas y de gas pimienta; y las llamadas “bombas aturdidoras”, que no son tales sino verdaderas granadas de mano, al estar municionadas con residuos de todo tipo, que ocasionan graves lesiones a sus víctimas. Una de esas bombas es la causante (como ya aconteció en otro sitio de protesta) de la amputación de una mano al campesino Ramiro Amado, de la vereda las Jotas de Cimitarra. Las agresiones, al parecer y según testimonios ‒pero también por el comportamiento de la policía‒ han sido ocasionadas después de actos de provocación de agentes de esa jauría, vestidos de civil, que después de encender llantas han salido corriendo, sin que extrañamente fueran retenidos u obstaculizados por la mal llamada ‘fuerza pública’, que lanzó su arremetida contra las concentraciones campesinas.
Los campesinos cacaoteros de esas zonas fueron durante muchos años sugestionados por el gobierno y las fuerzas armadas para engrosar la supuesta defensa del Estado de derecho; y el pago a la protesta ante la criminal política para lanzarlos a la inopia, es la agresión con pretextos como el de que están impidiendo la libre movilidad.
Los campesinos apostados a los lados de la vía que de Bucaramanga conduce a Barrancabermeja, se preguntan si la movilidad no estará siendo afectada realmente por la acción de grandes grupos económicos, contratistas, transnacionales e institutos estatales. A unos pocos kilómetros del sitio de la protesta la vía es intransitable por la remoción del coluvión de la falla geográfica ‘La Leona’, que tiene casi incomunicado a San Vicente de Chucurí. Se rumora que la falla geográfica se desestabilizó aún más por las constantes explosiones de grandes cantidades de dinamita, usadas para construir la represa hidroeléctrica del Sogamoso por parte de la ISA y sus contratistas. La carretera (llamada así eufemísticamente, pues es un camino de herradura, pese a tener dos peajes) va a ser reemplazada por otra en los mismos coluviones, dándose ya la voz de alerta porque la ISA pretende garantizarla solo por cinco años. Pero los campesinos y la opinión santandereana en general se preguntan si no será más entorpecimiento a la movilidad el cierre que al menos dos tardes completas por semana y durante ya dos años se realiza en la vía de San Gil a Bogotá, en inmediaciones de El Socorro, donde la falla geológica del Terán no se ha resuelto a pesar de haberle invertido varios miles de millones de pesos. No hay gases lacrimógenos, ni chorros de agua ni bombas aturdidoras contra los causantes de esa inmovilidad, y el ESMAD está presto en las cercanías para arremeter contra quienes intenten protestar; y la otra policía, la de verde y no de escafandra negra, dispuesta a perseguir, multar y hasta inmovilizar el vehículo a quien se pase el pago de los peajes ladrones como protesta por el pésimo estado de las vías.
En fin: el paro nos deja varias lecciones. Es mejor creer en la renguera de perro que en las promesas del gobierno. La mal llamada fuerza pública solo es un ejército al servicio del gran capital, a pesar de ser pago con nuestros impuestos. El estímulo al agro no es tal, sino la pretensión de usar las zonas rurales para explotación de gran minería.
Y la más importante: es imperativo continuar las denuncias sobre los desmanes, la brutalidad, el accionar antisocial y criminal de esa piara que se llama ESMAD. Es preciso que en todos los rincones del planeta se ayude a denunciar la tropelía de esa fuerza energúmena, y se exija al gobierno colombiano su desmonte. Los lectores de estas páginas en Colombia y el exterior pueden ayudarnos en esa necesaria tarea.
Alfredo Valdivieso
Secretario general PCC Regional Santander.
Bucaramanga, febrero 28 de 2013.
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