Por Nelson Lombana Silva
17 familias, 60 personas se desplazaron este martes 30 de septiembre del municipio de Dolores, Tolima, por la indebida presión de las unidades militares ubicadas en la región. La agudización del orden público presionó a estos campesinos a salir de la zona escasamente con lo que tienen encima ante el horror militarista.
Los labriegos son de las veredas: San Pedro, Vegas del Café, El Piñal, Palmira y Pavas, que temen por sus vidas, pues los uniformados vienen desarrollando un agresivo empadronamiento selectivo, el deterioro del acueducto, utilizando los civiles como escudos humanos, pues se meten a las casas y toman posesión sin respetar las más elementales normas del derecho internacional humanitario, DIH.
El compromiso que suscribieron los militares con la comunidad meses atrás, se viene violando, señalan los angustiados campesinos de este municipio, por cuanto ninguno de los puntos pactados, lo viene respetando los uniformados.
Faltan docentes y las amenazas de los militares contra la población civil son permanentes. "Después del empadronamiento viene los asesinatos", dijo un campesino vía celular y recordó lo sucedido en el 91 con la familia Camacho en la vereda de Montoso, municipio de Prado, cuando ocho días después de éste fueron asesinados por unidades militares. "No vamos a esperar que suceda lo mismo con nosotros", agregó el labriego.
La directora de la ONG Reiniciar, Jahel Quiroga Carrilla, dirigió un derecho de petición a la doctora Gloria Inés Segovia Quintero, procuradora Delegada para las fuerzas militares y también a la procuraduría general de la nación, en el cual expresa que "dada la gravedad de los hechos mencionados, respetuosamente solicito a su despacho que, en ejercicio del poder disciplinario preferente que en materia de derechos humanos ejerce la procuraduría general de la nación, inicie las indagaciones dirigidas a determinar e individualizar la responsabilidad que en materia disciplinaria pueda atribuirse a integrantes del ejército nacional que opera en la región".
En la carta, Jahel Quiroga Carrillo, manifiesta las arbitrariedades que viene cometiendo los uniformados en el marco de "la seguridad democrática" del presidente Uribe.
Hace referencia a los empadronamientos ilegales de la población civil, el acampamiento de la tropa en inmediaciones de las viviendas, la destrucción de las mangueras de distribución del agua (acueducto veredal), amenazas directas contra reconocidos líderes comunitarios de la región y señalamientos groseros a los campesinos de tener supuestamente nexos con la insurgencia.
Quiroga Carrillo, señala en su misiva que las anomalías las vienen ejecutando el batallón contraguerrilla número 124, Sargento primero Arturo Ruiz Quiroga; brigada móvil número 21, brigada móvil número 17 y batallón de alta montaña "Marco Ordóñez Pinto".
Los campesinos formulan un llamado urgente de solidaridad a la comunidad nacional e internacional, especialmente a los defensores de los derechos humanos, para que se dirijan al presidente Uribe y demanden el cese de estas arbitrariedades de la fuerza pública.
Las 60 personas desplazadas señalan que nuevos desplazamientos se podrían producir en las próximas horas, si los militares no cambian de actitud y asumen en serio el respeto a los derechos humanos y a la población civil.
Ibagué, septiembre 30 de 2008
Amnistía lamenta declaraciones de Santos en contra de las ONG
Por: Agencia AP
Amnistía Internacional lamentó recientes declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, criticando la labor de grupos no gubernamentales en Colombia y llamó al gobierno del presidente Álvaro Uribe a darle un respaldo "claro e inequívoco" al trabajo de los defensores de derechos humanos.
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