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| La muerte del joven prisionero político Juan Camilo Lizarazo a quien el gobierno con criminal indolencia le negó la atención médica |
La muerte del joven prisionero político Juan Camilo Lizarazo a quien el gobierno con criminal indolencia le negó la atención médica a la que estaba obligado y a la que sin discusión tenía derecho el cautivo, es uno más entre los múltiples crímenes del Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.
La angustiosa situación de grave deterioro de la salud de Juan Camilo que pervivió por meses, fue puesta en conocimiento del general de la policía Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, quien consecuente con su triste fama de represor que lo hizo digno del cargo, ordenó remitirlo a un hospital sólo cuando ya el reporte era la agonía irreversible del prisionero. Por eso, este es un crimen de lesa humanidad a la luz de la legislación internacional de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario.
Las conversaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia de las FARC en La Habana, está acompañada por parte del gobierno de “actos de fuerza” a fin de mostrarse fuerte en la confrontación y doblegar la moral del interlocutor. Uno de esos actos, la agudización del trato cruel, inhumano y degradante que se prodiga a los prisioneros políticos en todas las cárceles del país, como lo acaba de documentar la misión parlamentaria que visitó los penales y presentó informe en ese sentido al gobierno nacional. ¿Y cuál la denuncia y petición central de ese informe que inclusive tenía la intención de ser elemento coadyuvante al éxito de la negociación con la insurgencia? La brutalidad del trato dado a los presos políticos y prisioneros de guerra, y lo apremiante de que el Estado reconozca los derechos que estos tienen a plenitud sin perjuicio de su cautividad.
La respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos a esa justiciera demanda hecha desde el seno del Estado y de la más legítima representación popular, el Congreso de la República, fue el escalamiento de la represión contra esa categoría de internos y en especial contra los que atendieron a la comisión parlamentaria, por parte del represor Gustavo Adolfo Ricaurte, y con ello tragedias como la muerte de Juan Camilo Lizarazo.
La Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos del Partido Comunista colombiano denuncia la brutalidad del Estado que lo llevan a cometer crímenes como este, exige de las autoridades de control y de investigación cumplir con su alardeada obligación constitucional también en este episodio, y reclama al gobierno nacional el cese de las prisiones como campos de concentración donde se tortura y da muerte a los enemigos del régimen.
Bogotá a los 12 días del mes de abril de 2013.
Partido Comunista Colombiano
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