Contradictoria versión del gobernador del Guaviare.

Hace algunas semanas, Noticias Uno informó que el gobernador del Guaviare, Óscar López Cadavid, fue socio del paramilitar Pedro Guerrero Castillo, alias Cuchillo... Antes y después de la publicación hemos buscado al gobernador sin obtener respuesta, pero el mandatario dio su versión a los medios locales de San José del Guaviare...

La versión del gobernador tiene protuberantes contradicciones frente a los documentos que sustentan la investigación de Noticias Uno.

El gobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López, reconoció ante la prensa de su departamento, que sí tuvo una sociedad con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, el jefe paramilitar de los llanos... No obstante, asegura que su relación era tan fluida como la de su antecesor y los comerciantes del Guaviare, con el capo del narcotráfico.

"El señor Pedro Oliveros tuvo muchas reuniones con el gobernador de su época y con los comerciantes y todo lo veíamos normal, por eso no creo que hubo ningún problema."

Para él no habrá problema jurídico porque la sociedad que compartió con el paramilitar, Exploración y Exportación Minera del Llano, fue una empresa de papel...

"No, esa empresa nunca funcionó, sólo fue en papel"

Esto también es falso, pues la empresa tiene el registro minero GL9-151 que la autoriza a buscar yacimientos de piedra de construcción en el Guaviare.

"por eso me retiré yo, el 4 de julio de 2007."

Pero éste es el registro actual de la empresa: ella sigue figurando el nombre del gobernador y no existe ningún registro de su retiro, ni de cambio alguno en la fecha que él menciona... "A la comunidad del Guaviare que esté tranquila que todo se hizo bajo la Ley."

Y con la misma certeza aseguró que le había solicitado réplica a Noticias Uno, pero en este noticiero tampoco existe noticia de su reclamo.

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El asesinato de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, Sucre, será enviado esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El atentado contra la esposa de uno de los testigos en el proceso contra el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, por su presunta participación en el crimen del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, forzó a la familia de la victima a buscar instancias judiciales internacionales para que asuma la investigación.

Los abogados de la familia del asesinado alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, presentaran el caso ante la comisión interamericana de derechos humanos de la OEA.

Según ellos, el atentado contra Grey Mercado, el pasado 5 de enero, esposa de alias ´El Chino´ detenido por la muerte del alcalde del Roble, deja al descubierto un plan para acabar con los testigos contra Salvador Arana.

Los abogados sostienen que algunos testigos denunciaron que el ex embajador les pago para asesinar a Eudaldo Díaz, Tito.

Eudaldo Díaz Salgado fue asesinado el 5 de abril de 2003, dos meses después que dijera en un consejo comunal ante el presidente Álvaro Uribe que lo iban a matar.

Hoy nueve testigos han sido asesinados y tres más han sufrido graves atentados contra su vida, entre ellos Saids Isac Tatis cuñado de Salvador Arana, Tatis quedó parapléjico

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COLOMBIA -Palestinos piden a Uribe posición firme contra masacre en Gaza

Palestina Estamos de tu lado

Palestina Estamos de tu lado Domingo 11 de enero 9 a.m Parque Nacional‏

!QUE PARE YA EL HOLOCAUSTO SIONISTA!

!QUE PARE YA EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO PALESTINO!

PALESTINA ESTAMOS DE TU LADO

Tu pueblo es nuestro pueblo, tu sufrimiento es el nuestro.

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO.

DOMINGO 11 de ENERO 9 a.m

Parque Nacional sobre la Carrera 7

..Palestina caminamos de tu lado...

POR LA LIBERTAD DE CARMELO AGAMEZ, LÍDER DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO, CAPÍTULO SAN ONOFRE

(Colombia) (Autor:MOVICE)(Fecha: Enero 7 de 2009)
DP/Col/003

Y continúan pasando los días, pasan las noches en medio de sus victimarios, se trata de CARMELO AGAMEZ, habita en tiempos de desvelo por el rostro de hierro de la democradura. Ha pasado más un mes y continúa detenido injusta y arbitrariamente por un montaje judicial de los paramilitares o de sus beneficiarios.
Urgen sus carta de apoyo a Carmelo y las cartas de exigencia al Estado colombiano para que cese ese absurdo proceso judicial, parte de la persecución a un integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Hace pocos días CARMELO escribía en este momento se hace necesario que el apoyo continúe con el mismo ahínco como hasta ahora se ha dado, espero que más organizaciones y personalidades a nivel nacional como internacional se vinculen a esta causa.

Por esa solidaridad que genera la opinión, reproducimos el texto de Iván Cepeda, publicada en el diario El Espectador, de hoy domingo, titulado: "La Venganza".
La venganza
Por: Iván Cepeda Castro

CARMELO AGÁMEZ ES DEFENSOR DE derechos humanos y líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en San Onofre, Sucre. Su vida ha estado consagrada a denunciar los crímenes cometidos por los paramilitares y los políticos corruptos, como la ex congresista Muriel Benito Rebollo.

En la década de 1980 militó en la Unión Patriótica y por esa causa sufrió un atentado, la prisión y el exilio. Luego, como el resto de sus coterráneos, soportó los rigores del régimen de terror y esclavitud que se instauró bajo el mando del jefe local de las Auc, Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Vio a muchos de sus amigos y vecinos ser llevados a la hacienda El Palmar, donde fueron torturados, asesinados y enterrados en fosas comunes, por órdenes de los jefes políticos del departamento. No obstante, a diferencia de muchos que se sometieron, Carmelo inició una resistencia silenciosa. Organizó a los campesinos a quienes les habían sido arrebatadas las tierras, contribuyó a formar a otros líderes y, cuando maduraron las condiciones, impulsó la revuelta que permitió romper el miedo colectivo. Su perseverancia consiguió conducir a la cárcel a algunos paramilitares y a varios políticos, entre quienes estaba el ex alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, cuya candidatura a las elecciones locales había sido proclamada por alias Cadena en la gallera municipal.

Después de llevar a prisión a este personaje y de denunciar a su sucesor Édgar Benito Rebollo —hermano de la ex congresista socia de los paramilitares— comenzaron las amenazas y los hostigamientos contra quienes encabezaron la lucha de oposición al dominio paramilitar y mafioso. Apareció una "lista negra" con sus nombres. Por esa razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno colombiano medidas de protección para 16 miembros del Movimiento de Víctimas en Sucre. El 15 de noviembre de 2008, Carmelo Agámez fue detenido por la Fiscalía. De inmediato fue trasladado a la prisión La Vega, en Sincelejo. Actualmente se encuentra encarcelado compartiendo el patio de la penitenciaría con algunos de los jefes paramilitares y de los políticos que él acusó y ayudó a detener. Un fiscal de Sincelejo lo sindica de conspiración para cometer crímenes con los grupos paramilitares, los mismos de los cuales él ha sido víctima y ha combatido incansablemente. El proceso judicial está montado sobre una serie de irregularidades y sobre las acusaciones que hace la esposa del ex alcalde Blanco.

La vida de Carmelo Agámez corre peligro. De ello han sido advertidas reiteradamente las autoridades locales. El Movimiento de Víctimas ha solicitado su traslado a otro recinto penitenciario y su libertad inmediata.

Luego de haber cumplido penas irrisorias, comienzan a salir de las cárceles los políticos involucrados en alianzas con los paramilitares y en crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, los miembros de las asociaciones de víctimas van a prisión por medio de procesos judiciales arbitrarios. Es la venganza contra los líderes sociales que han encabezado la resistencia al régimen de delincuencia generalizada que impera. Se trata del mismo tipo de procedimiento que esta semana se aplicó contra Aida Quilcué, la dirigente del CRIC que tuvo la valentía de organizar la minga indígena y de interpelar al presidente Álvaro Uribe en una reunión pública. Su esposo fue asesinado por el Ejército Nacional en un operativo que buscaba eliminarla a ella.

SOLICITUDES URGENTES

Dirigir sus comunicaciones al Fiscal General de la Nación MARIO IGUARAN ARANA, teléfono 5702000 extensión de Fax 2017 y al correo electrónico luzelena.morales@fiscalia.gov.co solicitando, de acuerdo con sus facultades constitucionales y los reglamentos internos de control en el ente investigador, intervenir en la causa judicial que se sigue contra CARMELO AGAMEZ para que en debido proceso y sana lógica se ordene su libertad.

Al Fiscal RODOLFO MARTINEZ ordene la inmediata libertad de CARMELO obrando en derecho y en debido proceso ante la absurda decisión tomada. Teléfonos de la Fiscalía segunda especializada fax -5-2826827 -5-2826820. Número de radicado del proceso 80162.

Al procurador General de la Nación EDGARDO MAYA VILLAZON revgon@procuraduria.gov.co Tel: (57 1) 3360011 intervenir a fin de que se evite daños irreparables a la vida e integridad personal de CARMELO AGAMEZ, que se encuentra detenido en el Patio Nro. 2 de la Cárcel de Sincelejo en el mismo lugar en donde se encuentran encarcelados los verdaderos paramilitares, que él y el Movice Sucre se han atrevido a denunciar.

Al Gobierno Nacional a través del Vicepresidente de la República, FRANCISCO SANTOS comunicacionesvp@presidencia.gov.co Fax (57 1) 444 21 58 adoptar cuantas medidas sean necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de CARMELO AGAMEZ y su familia.

Y cartas de apoyo moral a CARMELO AGAMEZ impulso-movice@lists.riseup.net.

ASESINADO COMUNISTA EN EL TOLIMA: CRIMEN DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE VÉLEZ

El primero de enero de 2009, a las cuatro de la mañana fue agredido con arma cortopunzante, el líder comunista del corregimiento de Montoso, Municipio de Prado, Tolima, Adolfo Tique, padre de seis hijos, miembro del sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL, y del Polo Democrático Alternativo, PDA; con tres puñaladas localizadas a la altura del pecho fue llevado al hospital local de Prado, dejando de vivir a las seis de la mañana;

El sicario, José Vicente Acosta, alias "Pacheco", fue detenido por unidades militares adscritas a la brigada móvil número 2 y puesto en libertad inmediatamente. El labriego era constantemente acusado por los militares de ser auxiliador de la insurgencia. Incluso, en el año 2004 fue puesto preso por estos calumniadores;

Los funerales del camarada Adolfo Tique se realizaron el 3 de enero en el corregimiento de Montoso, con la presencia de una delegación del partido comunista en cabeza del compañero Raúl Rojas González y la comunidad que se volcó masivamente a rechazar el execrable crimen y solidarizarse con la familia Tique Marroquín;

Los militares hostigaron la ceremonia fúnebre. Mientras el camarada Rojas González intervenía fue fotografiado por el cabo de apellido Londoño en varias oportunidades, lo mismo que gravado su intervención;

El asesinato del camarada Adolfo Tique es otro crimen de Estado en el marco de la seguridad democrática de Uribe Vélez. Un crimen que merece toda la condena y repudio de la comunidad nacional e internacional, pues se continúa asesinando la oposición a la dictadura neofascista del narcoparapresidente Uribe Vélez;

Es necesario la solidaridad de los organismos defensores de derechos humanos, la comunidad nacional e internacional para que el cuestionado presidente pronorteamericano pare el baño de sangre inocente que enluta a colombia y la salida política e intercambio humanitario sea una realidad más temprano que tarde; que este crimen y tantos otros, no quede en la impunidad. Los autores materiales e intelectuales deben ser severamente castigados.

Se hace un llamado al pueblo de Montoso, de Prado, del Tolima y de colombia a persistir en la lucha por la paz. El triunfo de la vida sobre la muerte, sueño oceánico de los comunistas.
Al camarada Adolfo Tique, honor y gloria. A sus familiares el sentido profundo de solidaridad, ahora y siempre.

Ibagué, enero 5 de 2009

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO REGIONAL TOLIMA, MIEMBRO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PDA.

PROSIGUE EL GENOCIDIO CONTRA PRISIONEROS POLITICOS EN EL PERU

"Prisioneros de guerra y presos políticos de la LTC-CG."

¡RECHAZAMOS LA SENTENCIA Y SU EJECUTORIA DEL MEGRAPROCESO AL DOCTOR ABIMAEL GUZMÁN Y OTROS!

SENTENCIA POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO.

Los prisioneros de guerra y presos políticos recluidos en el penal Miguel Castro Castro, pabellones 2A y 2B , comprendidos en los hechos de la guerra popular que dirigió el Partido Comunista del Perú, rechazamos la Sentencia de la Sala antiterrorista y su Ejecutoria Suprema del Megaproceso al doctor Abimael Guzmán Reinoso y otros, desenmascaramos y combatimos su esencia y objetivo: sentencia política del Estado peruano como arma de guerra .

contrarrevolucionaria que persigue escarmentar y sepultar vivos a los revolucionarios en prisión.
Derivado de la legislación antiterrorista con leyes y tribunales de excepción inconstitucionales, violatorias de los principios del Derecho y justicia comunes, las condenas impuestas en el Megaproceso muestran abiertamente la discriminación de derechos y aplicación del Derecho penal del enemigo sólo por ser políticos revolucionarios: 1) centran en lo prospectivo, es decir, en lo que el inculpado podría hacer en el futuro y no en el hecho imputado, 2) aplican penas draconianas hasta la cadena perpetua, 3) reducen y niegan derechos procesales y beneficios yendo, en síntesis, contra la dignidad de la persona y la igualdad ante la ley.

Rechazamos los juicios por terrorismo, principalmente el llamado Megaproceso ha sido un juicio político al PCP, a su jefatura y dirigentes, a la ideología que lo sustenta, a la guerra popular y a las masas que combatieron en servicio de la clase y el pueblo. Y no hubo un juicio justo. Nuestra posición ha sido y es cuestionar la legislación antiterrorista, su columna vertebral el Decreto Ley 25475, por violar el principio de legalidad, ser un dispositivo abierto de amplia interpretación, y especialmente en lo referente al bien jurídico protegido, problema en el que no hay precisión ni univocidad del delito de terrorismo en la legislación peruana.