Dentro de lo mucho -excesivo- que se escribe sobre el proceso de paz en curso entre el gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC hay un elemento que salvo los analistas y comentaristas claramente de izquierda, la gran mayoría se cuidan mucho de mencionar: el del verdadero riesgo que tienen las conversaciones de paz, y conspiran contra su resultado exitoso.
Casi todos los analistas, en verdad apenas “opinadores”, generosamente acogidos por los medios de prensa, son funcionales a la misión esencial de éstos como aparatos ideológicos del régimen político económico. Y así, centran sus "análisis" en decir cosas tan indoctas y por fuera de la historia, como que "el gobierno le está entregando el país a la guerrilla", que ésta en la mesa actúa "de manera soberbia e impositiva frente a una delegación oficial timorata y claudicante", que "el modelo militar y el económico ya se negoció en secreto para implementar el de la subversión", etc. En verdad, sandeces puras.
Hay algo que el Establecimiento, cuya estirpe es claramente autoritaria y despectiva de los reclamos de las mayorías desfavorecidas de cuyas angustias es responsable, se empeña en desconocer contra toda evidencia: es que las FARC han sido las que han tenido siempre la iniciativa de la solución negociada del conflicto. Pero además y es lo más significativo, que ellas, al sentarse a dialogar, ya renunciaron a lo que desde siempre fue la justificación de la sempiterna derecha gobernante para descalificarlas política y moralmente: su pretensión de llegar el poder por la vía armada.
Pero sumado a lo anterior, también renunciaron a ver ya realizado su sueño revolucionario de un estado comunista o socialista -de verdad-, sin dueños de los medios de producción ahogados en el oro y millones rebuscándose la comida en los botes de basura; sin bancos que se rescatan con dineros públicos y hospitales que se cierran "por no ser rentables", sin un ejército “nacional” al servicio del capital, y sin una Cancillería dependencia menor servil al Departamento de Estado. Renunciaron a mucho, y lo hacen sinceramente. Por eso suenan hipócritas y mentirosos los reclamos de la extrema derecha -ella tan dictatorial, militarista y tan indolente a las convulsiones sociales- en el sentido de que "la guerrilla qué ha dado?, "la guerrilla en qué transige?". Lo ha dado todo en la mesa: renunciar a la vía militar para su proyecto político, accediendo a que a cambio de ello el Estado tampoco lo va a adoptar como fruto del acuerdo de paz. Esto lo tiene demasiado claro, entre otras cosas porque no son ilusos ni ignorantes, no creen que Humberto de la Calle y los generales Mora Rangel y Naranjo representen el pensamiento libertario, socialista y anti-neoliberal.
Y el riesgo fatal? ¿Qué es lo que a cada minuto pone las conversaciones de paz ad portas del fracaso inminente, del cual lo ha rescatado no una sino muchas veces la honrada porfía de la guerrilla en pactar la paz?. La respuesta a tan crucial pregunta no es otra que la posición del gobierno, que nuclea a todas las fracciones del bloque de poder -una más derechista que la otra-, de no acceder a ninguna de las legítimas pretensiones de la insurgencia en materia política y social. Que hay que decirlo y reiterarlo con énfasis, no hacen referencia a privilegios para ella, sino -¡vergüenza para el gobierno!- a pagar algo de la inmensa deuda del Estado con las grandes mayorías carentes de condiciones dignas de vida, y a hacer auténtica la democracia para que esta palabra deje de ser la fachada de un régimen autoritario y desconocedor de los derechos fundamentales de la población. Reivindicaciones éstas, que precisamente apuntan a las causas objetivas de las insurgencias en Colombia, causas que tanto se empeñan en desmentir los beneficiarios del régimen, y que acaban de tener el aval de los respetados académicos integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto.
Y ese riesgo fatal que asecha a las conversaciones de paz, tiene todos los días manifestaciones que repetimos, sólo la porfía de la delegación guerrillera en sacar avante el acuerdo, ha permitido pasar por sobre ellas. O si no, recuérdese el asesinato de Alfonso Cano ordenado por el propio presidente Santos cuando trataba con él sobre el inicio de conversaciones. Y han sido tan agresivas esas actitudes, tan en contra no sólo de lo estipulado en el Acuerdo General marco de las conversaciones, sino aún de lo poco acordado, que cualquiera tendría derecho a tomarlas como un manotazo sobre la mesa por parte del gobierno.
Veamos algunas de esas manifestaciones a contrapelo de la vocación alardeada en los discursos sobre la decisión de hacer la paz: la más insólita, la aceptación del veto militar a la implementación de la ley que creó las Zonas de Reserva Campesina, una de las reivindicaciones favorables a un sector victimizado como el que más y cuya injusticia secular tanto tiene que ver con el nacimiento de la insurgencia. Otra, inaudita, la decisión de que el ejército y en general la fuerza pública formada para la represión ciudadana bajo las doctrinas de la "seguridad nacional" y del “enemigo interno” impuesta en aras de sus intereses por los Estados Unidos, ideología troquelada en la tristemente célebre Escuela de las Américas -conocida como Escuela de Asesinos-, no cambiará un ápice su doctrina. Esto, aparejado con el hecho de que esa misma fuerza pública, aumentada en un mil por ciento en los últimos veinte años "para combatir la guerrilla", no se disminuirá en un sólo hombre con la guerrilla desmovilizada. ¿Quién comprende? ¿No será que con ello se devela que lo que ha de combatir el ejército son las movilizaciones campesinas, las marchas contra la gran minería, las huelgas por salarios, los reclamos por vías de penetración y precios de sustentación, o los paros agrarios contra los ruinosos TLC?
Igualmente, va en contra del más elemental propósito de paz que siendo la injusticia en el campo, en particular la tenencia de la tierra, uno de los temas esenciales a resolver, el gobierno trámite en el Congreso una contrarreforma agraria consistente en que los baldíos de la nación puedan ser entregados a grandes empresas del capital nacional o transnacional. ¡Y pensar que esa era la reserva asegurada para los sin tierra! Y si a eso le sumamos la lección “del tal paro agrario” del 2013, resuelto a física bala por los comandantes del ejército y la policía, tendrían que ser ciegos, sordos y mudos los representantes de la guerrilla en la mesa para no darse cuenta cuál es el futuro que le espera a sus demandas de cambios en materia social y política si ellas se dejan a la buena voluntad de la clase dominante.
Y a todo lo anterior se suma que en la segunda quincena de este mes de mayo de 2015, más de 40 guerrilleros han sido muertos por los traicioneros y desleales bombardeos del ejército, mientras estaban es sus campamentos se puede decir sin que se pueda glosar de cínica la expresión, pacíficamente, en ejercicio del cese unilateral de hostilidades decretado por el Estado Mayor de las FARC-EP. Es decir, 40 guerrilleros no caídos en combate, sino acribillados tal vez mientras dormían –los guerrilleros también duermen-, acción ordenada por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón con el entusiasta respaldo del presidente de la República y su consabida celebración de la sangre derramada.
Y si se considera que dentro de esa cantidad de insurgentes asesinados están el comandante del Frente XVIII e integrante del Estado Mayor, Alfredo Alarcón Machado “Román Ruiz” y Pedro Nel Daza “Jairo Martínez”, combatiente histórico e intelectual de la organización que había estado en la Habana en las negociaciones y se encontraba socializando con los frentes del Sur el estado de las mismas, tenemos que el proceso de paz pende de un hilo. Lo había advertido la insurgencia con gran sentido común: las atrocidades de la guerra son incompatibles con el ánimo sereno y espíritu altruista de una negociación de paz. Porque cada bomba que cae sobre los combatientes en tregua, además de los cuerpos destrozados que deja, salpica de sangre y amenaza voltear la mesa de negociaciones. Pero es el modelo Santos de hacer la paz. O quizás, de no hacerla.
Alianza de Medios por la Paz
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