Abril 15 de 2009
En no pocos países la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos comporta alto riesgo para sus vidas, su integridad física y su libertad como en Colombia.
Los y las defensoras colombianas, en el marco de un conflicto social y armado, realizamos nuestra labor en medio de un ambiente de polarización y estigmatización a nuestra actividad, promovido desde las más altas esferas del poder público. Ha sido una constante en los últimos 7 años, estigmatizar y descalificar el trabajo de derechos humanos, mostrándolo como una extensión de las actividades de las guerrillas, señalamientos que han tenido efectos letales.
Por ello, el informe presentado en 2.008 por parte de la relatora para defensores (as) de derechos humanos, registra más de 30 llamamientos urgentes y cartas de alegaciones al gobierno ante graves denuncias, por ataques y hostigamientos a activistas, entre los que se cuentan amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros e incluso homicidios de quienes desarrollan su labor desde organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, indígenas, sociales, de derechos humanos y paz.
En la medida en que las defensoras y defensores de derechos humanos denunciamos la persistencia de la violencia sociopolítica y de las violaciones de derechos humanos, así como la persistencia y profundidad de la penetración del paramilitarismo en el Gobierno, sus FFMM y en la sociedad colombiana, nuestra actividad resulta sumamente incómoda para la difusión de la versión oficial, sobre la mejora en la situación de derechos humanos en Colombia. Por ello, y también porque no hay al más alto nivel del Gobierno una aceptación real de los valores de derechos humanos, ni de las normas y los principios internacionales que los regulan, no es extraño escuchar afirmaciones como las hechas por el Presidente de la República, al equiparar nuestras denuncias, con estrategias de guerra jurídica promovidas por las guerrillas.
Ante las denuncias presentadas por los múltiples casos de ataques y hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos, las medidas tomadas por el gobierno Colombiano resultan inocuas.
Tampoco se han evidenciado avances que demuestren voluntad política para “brindar garantías” a nuestra labor, a pesar de lo reiterado en varias ocasiones por el Gobierno Nacional. Por el contrario, el pasado 17 de octubre el Presidente Uribe le dijo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Aquí cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es el recurso de violación de derechos humanos.” Así que en este ambiente, no es de sorprender que los ataques continúen y se agudicen.
- Panorama en cifras de la violencia padecida por defensores y defensoras de derechos humanos
Ataques contra la vida y la integridad personal.
En lo que va corrido del año 2.009, se han registrado por parte del observatorio de derechos humanos y DIH de la CCEEU, 15 actos de ataque y hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Los más graves, los asesinatos de Adolfo Tique, miembro de Sintragritol hecho perpetrado en el Prado – Tolima, el 1° de enero; Jesús Unais Gil presidente de la Junta de Acción Comunal de esta localidad de San Pedro- Valle, asesinado el 15 de enero; Luis Arango Crespo, líder comunitario y ambiental, presidente de la Asociación de Pescadores de El Llanito – Apall, asesinado el 12 de febrero de 2009, en Barrancabermeja (Santander); Álvaro Miguel Rivera Linares defensor de derechos humanos de la población LGBT, asesinado el 6 de de marzo en Bogotá. El ataque dirigido contra los familiares de defensores y defensoras, se convierte en una estrategia para obstruir la actividad reivindicativa de las organizaciones sociales o para silenciar a los y las defensoras de derechos humanos. De esta modalidad de ataque registramos en el año 2.009 el asesinato de la señora Cecilia Montaño esposa de Jorge Caicedo Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de la Seguridad Social y Servicios Complementarios de Tumaco (Anthoc), hecho perpetrado el 5 de enero de 2009, en Tumaco (Nariño).
Durante los años 2.006, 2.007 y 2.008 se registran el asesinato de 99 defensores (as) de derechos humanos, la desaparición forzada de 6 activistas y 13 actos de atentados en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Así mismo se denunciaron 3 casos de secuestro y 3 más de tortura en el que las víctimas fueron activista de derechos humanos.
Según las denuncias recibidas, estos hechos de violencia son perpetrados en la mayoría de los casos por miembros de grupos paramilitares que actúan con la anuencia y aquiescencia de la fuerza pública, siendo señaladas las guerrillas de las FARC y el ELN como responsables de varios de los casos perpetrados en el departamento de Arauca.
Las amenazas a la vida y la integridad de los defensores (as) de derechos humanos y sus familias, proferidos por las distintas denominaciones de los grupos paramilitares han constituido la modalidad de ataque prevaleciente y en aumento; a la labor de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Durante el 2.009 la Mesa de Organizaciones Sociales Defensoras de Derechos Humanos de Quindio; la Asociación Social Indígena del Cauca; la abogada Lina Paola Malagón miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, Rigoberto Jiménez líder de la CND, así como las abogadas Claudia Erazo e Irene López, miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro en Bogotá, han recibido a lo largo del año, mensajes amenazantes contra su vida e integridad en razón de su labor de defensa de derechos humanos.
Estas amenazas buscan favorecer las estrategias de impunidad de quienes requieren del silencio y el amedrentamiento de las organizaciones de la sociedad para poder continuar su empeño de impedir que se conozca la verdad de sus crímenes cometidos de manera sistemática, negar los derechos de sus víctimas e impedir la acción de las instituciones de justicia sobre sus responsables, muchos de los cuales han accedido de manera ilegal al control de altos niveles de representación en el Estado.
El año 2.008 fue el que más altos índices de amenaza registró con un total de 114 casos denunciados por las organizaciones de derechos humanos, amenazas perpetradas por presuntos grupos paramilitares y como retaliación a la labor de denuncia de las víctimas, organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos hicieran en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.
El movimiento de víctimas junto al movimiento de derechos humanos, no dudaron en señalar que la ola de amenazas suscitada a raíz de la Marcha del 6 de Marzo de 2.008, convocada en solidaridad con las víctimas de los crímenes de Estado y el Paramilitarismo, fue desatada a raíz de las declaraciones irresponsables de José Obdulio Gaviria, principal asesor del Presidente Álvaro Uribe quien ante distintos medios de comunicación, señalo la misma, como iniciativa de las FARC.
Durante el año 2.006 y 2.007, fueron conocidos públicamente cerca de 157 casos de amenazas contra organizaciones sociales y de derechos humanos, amenazas que se atribuyeron, nuevas estructuras paramilitares a lo largo y ancho del país.
Procesos de persecución jurídica contra activistas de derechos humanos
Los procesos de judicialización de activistas de derechos humanos, con cargos que van desde la injuria y la calumnia, hasta el comprometimiento con actividades terroristas; se convierten -en lo que denominara el inmolado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza – en “una tenaza política y una telaraña jurídica”, que pretende acallar las voces disonantes que desde el movimiento social y de derechos humanos, exige cambios y reclama el respeto de lo valores fundantes del Estado Social de Derecho.
La reciente investigación penal iniciada en contra del sacerdote jesuita Javier Giraldo, del abogado Elkin Ramírez director de la Corporación Jurídica Libertad y del defensor del Pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, con ocasión de las denuncias interpuestas por estos en contra de miembros del ejército nacional y como retaliación a las mismas, dan clara muestra de ello. Los montajes judiciales contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y de oposición, sustentan el encarcelamiento e incluso la condena de reconocidos defensores. En lo que va del 2.009, fue detenido Harry Yesus Caicedo directivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de El Charco, acusado por el delito de rebelión y concierto para delinquir, y Principe Gabriel González, líder de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, fue condenado a siete años de prisión, por el delito de rebelión.
En el periodo comprendido entre enero del 2.006 y diciembre de 2.008 se registran las denuncias de 109 actos de detención arbitraria perpetrados por agentes del estado en contra de activistas sociales y de derechos humanos.
A estos hechos se suma el allanamiento ilegal del Centro Cultural “Casa Salmón”, ocurrida el día 16 de enero en Bogotá. La "Casa Salmón", es un espacio de encuentro de colectivos juveniles, artistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, grupos de mujeres y gestores sociales de la ciudad, liderado por Yuri Neira, quien ha sido blanco de constantes actos de ataque y hostigamiento en razón a su denuncia contra la brutalidad policiaca. Del 2.006 al 2.008 se han denunciado 9 casos más de allanamientos ilegales contra organizaciones de defensa de derechos humanos.
Actos de hostigamientos contras las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El saqueo a las organizaciones de derechos humanos y el robo de información, sigue siendo una práctica sistemática. Durante el 2.009 las organizaciones de derechos humanos con sede en Medellín ConVivamos y la Obra Social Madre Laura, fueron víctimas de robo de equipos e información así como de la destrucción de fuentes de datos. De esta práctica han sido víctimas varias organizaciones de derechos humanos y paz, algunas de ellas de forma reiterada como es el caso de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. De 2.006 a 2.008 se habían recibido en el observatorio de la CCEEU, 24 denuncias por saqueos a organizaciones de derechos humanos y paz y robos de información. Un común denominador de la respuesta institucional a estas denuncias es el catalogarlas como hurtos, dándoles trámite de delito de bagatela y sin resultados que permitan determinar los responsables de estos hechos. Algunas denuncias interpuestas han pretendido relacionar estos actos de ataque con la directiva ministerial 029/05 que otorga recompensas a los miembros de la fuerza pública que entreguen información valiosa para los organismos de inteligencia. Sin embargo, el nulo avance en los procesos no ha permitido establecer la responsabilidad en estos hechos de agentes estatales.
CONCLUSIONES.
- Alto nivel de violencia sociopolítica en el que las víctimas son activistas de derechos humanos y de paz.
- Responsabilidad de todos los actores armados en estos hechos de violencia contra defensores, destacándose la perpetración directa de grupos paramilitares, así como de miembros de la fuerza pública.
- Alto nivel de impunidad de estas agresiones, destacándose que en los casos de amenazas y robo de información, alcanza el 100%.
- Reiterado desconocimiento del gobierno nacional de la legítima labor de defensa de los derechos humanos.
